Foto: Ilustrativa ® Enredijo
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, encendió las alarmas sobre el grave deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en Colombia. Tras el reciente asesinato del joven reportero Mateo Pérez Rueda en Antioquia y la creciente estigmatización desde los sectores de poder político y armado, queda en evidencia una crisis donde el miedo busca silenciar la verdad y golpear los cimientos de la democracia.
El periodismo como enemigo
Para la Defensoría del Pueblo, la democracia empieza a deteriorarse cuando preguntar se vuelve peligroso y cuando informar genera miedo. Existe una preocupante tendencia en la que quienes ejercen el poder, ya sea en el ámbito político, económico o bajo las armas, consideran al periodismo un enemigo y no una garantía democrática.
En las últimas semanas, Colombia ha visto señales profundamente preocupantes desde distintos frentes. En el ámbito institucional, son evidentes las controversias entre medios de comunicación, marcadas por señalamientos cruzados, un lenguaje estigmatizante y tensiones en torno al derecho de réplica y rectificación. Más crítico resulta que los medios públicos son usados para difundir un discurso hostil que afecta a contradictores políticos.
Violencia armada
El punto más trágico de esta escalada contra el derecho a la información se materializa en las recientes amenazas de grupos armados ilegales contra organizaciones sociales y medios, que culminaron con el asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda.
Como documentaron las autoridades en mayo de 2026, Pérez Rueda, de 25 años y director de la revista digital El Confidente, fue asesinado en Briceño, Antioquia, mientras realizaba su labor de reportería. Fue la propia Defensora, Iris Marín Ortiz, quien lideró la misión humanitaria para recuperar su cuerpo, recordando con firmeza que los grupos armados deben cumplir el derecho humanitario y no afectar el ejercicio de la prensa libre, si quieren que sus reclamos de paz sean creíbles. Al final del día, las armas y la libertad son antónimos.
Acoso digital y ataques machistas
A la violencia física en los territorios se suma un preocupante escenario de agresiones de género y acoso virtual. En el contexto de las campañas políticas, se han registrado ataques machistas contra mujeres periodistas por parte de un candidato presidencial. El entorno digital agrava esta situación, ya que en las redes se amplifica el hostigamiento cada vez más agresivo frente a quienes investigan, cuestionan o contradicen narrativas de poder.
Las mujeres periodistas continúan enfrentando formas específicas de violencia que buscan desacreditarlas o expulsarlas de la conversación pública, lo que profundiza desigualdades históricas. Esta alarmante estigmatización y violencia contra el periodismo fueron recogidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual.
El fantasma de la autocensura
Aunque el origen de estos ataques es diferente, el resultado puede llegar a ser el mismo: se deterioran las condiciones para el ejercicio libre del periodismo y se debilita la posibilidad de sostener un debate público democrático y plural.
Esta presión sistemática puede derivar en la autocensura, empujando a los profesionales a preguntarse si vale la pena investigar, denunciar o exponer aquello que incomoda. Cuando el miedo condiciona lo que puede decirse o investigarse, pierde toda la sociedad. Es crucial entender que la libertad de prensa no es un privilegio de periodistas o medios de comunicación, sino un derecho de toda la sociedad. Las democracias se debilitan sin información libre, sin preguntas incómodas y sin garantías para disentir.
Tres reflexiones éticas
Frente a este complejo panorama, el país necesita un compromiso ético y democrático más amplio alrededor del respeto a la prensa y a la libertad de expresión. Este compromiso involucra a quienes participan en política, a las instituciones, a los liderazgos, a las plataformas digitales y también a la ciudadanía. Para ello, la Defensoría plantea reflexiones urgentes:
- El peso de las palabras: Debemos recordar que las palabras tienen consecuencias, particularmente cuando provienen de personas con liderazgo político o amplia capacidad de influencia pública. Quienes conducen el Estado o aspiran a hacerlo tienen la obligación de contribuir a un ambiente democrático basado en el respeto y en la protección de las libertades fundamentales. La crítica hace parte de la democracia; la descalificación violenta y la misoginia no.
- Autoregulación mediática: Inclusive los mismos medios de comunicación, públicos y privados, tienen un deber de autoregulación. Es fundamental evitar que las diferencias sobre líneas editoriales se conviertan en punto de partida para acusaciones o difamación. A su vez, los medios deben abrirse a la rectificación o al matiz de afirmaciones cuando estas puedan resultar controversiales.
El silenciamiento del periodismo, ya sea a través del fusil, el hostigamiento digital o la estigmatización política, es el primer paso hacia la pérdida de los derechos civiles fundamentales. El llamado de la Defensoría del Pueblo nos recuerda que, sin garantías para incomodar y cuestionar al poder, la sociedad en su conjunto queda a oscuras. Desde el equipo de Enredijo, te invitamos a seguir apoyando la labor de los reporteros e investigadores; acompáñanos en nuestros canales para mantenerte bien informado y ayúdanos a defender el derecho innegociable de conocer la verdad.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La redacción se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
