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Estimado alcalde Yider,
Reciba un saludo respetuoso. He analizado con detenimiento su reciente comentario y, en virtud de la importancia del debate sobre nuestro patrimonio común, considero imperativo ofrecer una respuesta argumentada y sistemática. Mi propósito es inscribir la situación actual de Pitalito en el proceso histórico que, desde la década de los ochenta, ha marcado la trayectoria de nuestra administración municipal.
No se trata de un cuestionamiento personal, sino de un análisis de política pública frente a la gradual privatización de los bienes colectivos. La memoria histórica nos obliga a recordar hitos como la liquidación del Instituto Municipal de Obras Civiles (IMOC), el Taller de Vidrio Soplado, el Centro Artesanal y la privatización de terrenos baldíos —que fueron selva húmeda tropical— en la cuenca alta del río Guachicos, entre otros baldíos municipales no censados. Esta situación se evidencia hoy en el deterioro de la cuenca y en la presencia de altos niveles de lodo en la bocatoma durante la época de lluvias (tal como advierte el estudio del POMCA).
Esta tendencia histórica se manifiesta con vigor en la gestión de Empitalito y en la creciente fragmentación de oficios delegados a privados. Han entregado el servicio de alumbrado público, la lectura de contadores y la gestión de la recolección de basuras a terceros. Esto incluye diversas formas de contratismo que llegan hasta el absurdo de sufragar arrendamientos locativos, a pesar de haber contado con un patrimonio arquitectónico propio y céntrico para el ciudadano —donde ayer funcionaban oficinas, hoy operan bodegas en franco deterioro, producto de lo que aparenta ser una negligencia sistemática que termina favoreciendo el mercado de la renta privada—. El último ejemplo es un contrato por más de 40 millones de pesos en servicios legales de alto costo para el estudio de un bien en derecho de la antigua sede de la institución, a pesar de que Empitalito cuenta con su propia oficina de asesoría jurídica. Estimado Yider, es evidente que se ha venido privatizando el patrimonio de manera gradual, bajo la narrativa de que “era necesario para saldar cuentas en negativo”. Así se gestionan estudios de prefactibilidad carentes de originalidad, que parecen ser resultado de un ejercicio de “copia y pega”, por los cuales se perciben honorarios desproporcionados.
Llama la atención que, entre 2019 y 2020, se compraran tres lotes rurales (Lorena, Valentina y Rodrigo) por valores de $487.800.000, $243.900.000 y $345.282.992 respectivamente, sumando un total superior a los mil millones de pesos. Estos predios se ubican en la Bocatoma de la Palma, cuya reubicación ha sido exigida reiteradamente en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de 1999, 2007 y 2021. Esta exigencia no responde únicamente a riesgos de contaminación, sino a consideraciones tectónicas no mitigables —es decir, irreversibles—, tal como se expresa literalmente en el POT de 1999 (citado a su vez en el Plan de Desarrollo de Pedro Martín Silva). A pesar de esto, la administración pasada avaló esta millonaria inversión, presuntamente sustentada en estudios de asesores enfocados en la “legalidad”. El derecho se utiliza aquí como una herramienta para legitimar acciones que pueden ser cuestionables, asegurando que no haya repercusiones en un entorno dominado por la indiferencia.
Este tipo de gastos son también piezas angulares del modelo privatizador, cuya acción final de legitimación se cede a expertos legales para cerrar cualquier arista. Podría seguir enumerando ejemplos de este ciclo continuo: crisis, bien o servicio público y su posterior privatización.
Este fenómeno obedece a una estructura de Estado Cooptado, categoría analizada profundamente por Luis Jorge Garay. Bajo este modelo, el interés privado reconfigura las instituciones desde adentro para su beneficio. En Colombia, este diseño se consolidó bajo el modelo neoliberal del gobierno de César Gaviria, donde la descentralización administrativa facilitó la entrada de intermediarios estructurales, contratistas o financiadores de campaña. Estos esquemas, lejos de optimizar recursos, derivan en un detrimento del presupuesto y una erosión de la eficiencia pública.
Como bien ha señalado Noam Chomsky: “Esa es la técnica estándar para la privatización: quitar el presupuesto, asegurarse de que las cosas no funcionen, y cuando la gente se enoje, entregárselo al capital privado”. Esta estrategia opera bajo una narrativa que legitima la “crisis” y busca mentes expertas para revestir de “legalidad” lo que en realidad es la entrega de un bien público esencial a privados para llevarlo a la lógica del mercado. Es esta máxima la que opera en nuestro contexto local, donde la gestión de lo común es desplazada por la rentabilidad corporativa. El desmantelamiento de Empitalito —al restarle funcionalidades— y la normalización del contratismo como algo “natural” (como lo advierte David Harvey) son piezas centrales de este modelo. A esto se suma la narrativa permanente y sesgada que busca endilgar la crisis estructural de sus finanzas a la presencia del sindicato y los pensionados, justificando así su eventual liquidación y la posible venta de su local esquinero en pleno centro de la ciudad. Todo lo anterior evidencia el modelo privatizador que asedia a la entidad.
Lamentablemente, este desmantelamiento ocurre de modo desapercibido ante una ciudadanía que, alienada por la inmediatez digital, observa su realidad a través de una pantalla, mientras una clase política transita el territorio en camionetas de alta gama y vidrios polarizados, distantes del devenir popular. Confío en que este diálogo sirva para clarificar las condiciones concretas del quehacer público laboyano.
Finalmente, el agua y la gestión de residuos no son simples mercancías, sino el eje vital de la salud, la sustentabilidad ambiental y la civilización, constituyéndose en el activo estratégico fundamental para el desarrollo de nuestro territorio.
Espero que esta respuesta haya podido atender de manera respetuosa y sustentada su inquietud.
Atentamente, su amigo,
Felipe Narváez
Notas y Agradecimientos
Un agradecimiento especial a Geovanny Rojas M. y Roberto Cajiao, impulsores y firmantes de la acción popular actual, por su rigor en la recopilación documental, incluyendo el rastreo de los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo, y por facilitar el acceso a la bibliografía y los archivos que sustentan este artículo.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1QGKwBbc7VRxBu-vcSFjUMhRA7VSc_CyD
Bibliografía
– Chomsky, N. (2017). Sistemas de poder: Conversaciones sobre las nuevas dimensiones de la hegemonía estadounidense. Ediciones B.
– Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena [CAM]. (s.f.). Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarapas (POMCA): Resumen Ejecutivo. Recuperado de https://www.cam.gov.co/media/filer_public/d8/05/d8052576-fdb4-4014-b0bf-2cdbff885a95/resumen_ejecutivo.pdf
– Garay, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2012). La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Método.
– Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo.
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