El panorama fiscal y jurídico de Colombia entra en una etapa de alta tensión. Tras el Consejo de ministros desarrollado en Montería, el presidente Gustavo Petro anunció que el Ejecutivo ya tiene trazada una hoja de ruta en caso de que la Corte Constitucional decida no validar el Decreto 1390, mediante el cual se declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica el pasado diciembre.
El “Plan B”
El mandatario fue enfático al señalar que, si el alto tribunal tumba la declaratoria actual, la administración optará por decretar una nueva emergencia. Esta medida busca recuperar la facultad de ejecutar recursos extraordinarios para atender necesidades urgentes, calculadas por el Gobierno en un rango de entre $7 y $10 billones de pesos.
Actualmente, el Ejecutivo enfrenta un bloqueo financiero debido a la suspensión cautelar del Decreto 1474, que establecía gravámenes al patrimonio y a los licores. Sin estas fuentes de recaudo, el margen de maniobra para programas sociales y atención de desastres se ha visto seriamente reducido.
El debate por las fuentes de financiación
Uno de los puntos más álgidos de la intervención presidencial fue el origen de los recursos para cubrir el déficit. El jefe de Estado cuestionó las alternativas ante la suspensión de los nuevos impuestos:
“¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿De los niños que tienen hambre? (…) No puede salir sino de los ricos”, afirmó el mandatario, sugiriendo que una nueva reforma vía decreto se centraría nuevamente en los sectores de mayores ingresos.
Implicaciones para la Seguridad Jurídica
Analistas consultados por Enredijo Noticias coinciden en que el anuncio de un “re-decreto” plantea un desafío institucional. Si bien el Gobierno defiende la urgencia de la medida por las “necesidades más sentidas del pueblo”, la Corte Constitucional deberá evaluar si los hechos invocados cumplen con los requisitos de sobrevinencia e imprevisibilidad que exige la ley.
La incertidumbre sobre la estabilidad de los decretos legislativos impacta directamente en la confianza de los mercados y en la planificación presupuestal de 2026, año que inicia con una fuerte puja entre el poder ejecutivo y el judicial.
Sin embargo, aseguró que, “si la Corte Constitucional, en su ejercicio libre y autónomo, niega nuestra solicitud, la consecuencia inmediata es que tenemos que recortar $13 billones; menos dinero para ustedes (los gobernadores). Pero tenemos plan B”, afirmó.
El presidente Petro concluyó que los nuevos impuestos tendrán que pagarlos los más ricos de Colombia: “No les queremos poner impuestos al pequeño y mediano empresario, menos al campesino, a la gente que trabaja, al profesional. Vamos a la cúpula de la sociedad. Eso fue lo que pusimos en los decretos de emergencia y en las leyes. Entonces por qué el (impuesto al) alcohol no puede ayudar a salvar la vida. Mientras el campesinado de Córdoba está con el agua al cuello, al señor Luis Carlos Sarmiento se le han suspendido los impuestos que no ha pagado”, aseguró.
