En un movimiento estratégico para blindar la selva, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) oficializó la entrega de 521.492 hectáreas a comunidades indígenas de la Amazonia colombiana. Esta decisión, anunciada recientemente, beneficia a más de 12.000 familias en departamentos clave como Amazonas, Putumayo y Guaviare. La medida busca no solo la justicia histórica, sino crear una barrera legal y humana contra la tala ilegal que, según las cifras más recientes de 2024, sigue amenazando el bioma estratégico del país.
Justicia territorial en el corazón de la selva
La formalización abarca la constitución y ampliación de resguardos para once pueblos indígenas, reconociendo su papel histórico como guardianes del ecosistema. Según confirmó la ANT, la mayor parte de estas tierras se ubica en jurisdicción de Leticia (Amazonas), beneficiando a resguardos como los Tikuna de los ríos Cotuhe y Putumayo, Mocagua, y San Antonio de los Lagos, entre otros.
El alcance de la medida se extiende por todo el arco amazónico:
- Puerto Nariño (Amazonas): Resguardo de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua-Ticoya.
- San José del Guaviare (Guaviare): Territorio para el pueblo Nasa Kiwe Fxiw.
- Taraira (Vaupés): Un punto crítico para la conectividad ecológica.
Gabriel Cabrera, representante legal del resguardo Ticuna, Cocama y Yagua-Ticoya, enfatizó el valor colectivo de esta decisión: “Nosotros sí estamos cuidando, nosotros sí estamos conservando, y es para todos, porque lo que acá existe sirve para todo el mundo”.
Seguridad jurídica: la estrategia de conservación
Para Juan Felipe Harman, director de la ANT, esta entrega masiva no es solo un trámite agrario, sino un “gran logro para el movimiento ambiental”. La premisa es clara: dotar de seguridad jurídica a las comunidades es la forma más efectiva de preservar la vida y la selva.
La tenencia legal de la tierra permite a los resguardos ejercer gobernanza real y oponerse a presiones externas, como la ganadería extensiva o los cultivos ilícitos, que suelen aprovechar los baldíos de la nación para expandirse sin control.
El desafío: una deforestación que no da tregua
A pesar de los avances en titulación, la realidad en el terreno sigue siendo alarmante. Aunque el discurso gubernamental prioriza la Amazonia, contener la destrucción ha sido una “tarea imposible de cumplir” en el corto plazo. Las cifras del Ministerio de Ambiente revelan un panorama preocupante:
- En 2024, la tala ilegal en el país creció un 43 % en comparación con 2023, alcanzando las 113.608 hectáreas perdidas.
- La Amazonia fue la región más golpeada, perdiendo 77.124 hectáreas de bosque en un solo año, frente a las 44.274 hectáreas de 2023.
Los departamentos de Meta (27.107 ha) y Guaviare (16.908 ha) encabezan la lista de afectación, lo que hace aún más urgente la presencia de resguardos formalizados en estas zonas de frontera agrícola activa.
La formalización de más de medio millón de hectáreas es un paso histórico que empodera a quienes habitan la selva, pero ocurre en un contexto de alerta roja. Mientras la ANT avanza en la titulación, las motosierras no se detienen, demostrando que la lucha por la Amazonia requiere tanto de la pluma legal como de la acción en el territorio. Sigue las actualizaciones de este y otros temas ambientales en Enredijo.
Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
