El 22 de diciembre de 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 1390, mediante el cual declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días. La medida surge tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso y busca recaudar recursos extraordinarios (estimados en 16,3 billones de pesos) para cubrir el déficit fiscal del presupuesto 2026 y atender diversas crisis acumuladas.
Las 8 razones invocadas por el gobierno
Según el texto oficial del Decreto 1390 y los análisis de prensa, el gobierno fundamenta la emergencia en ocho hechos sobrevinientes que, en su conjunto, configuran una crisis grave e inminente:
1. Cumplimiento de órdenes judiciales (Salud):
La necesidad urgente de cumplir con el Auto de la Corte Constitucional que ordena la igualación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con el contributivo, lo cual genera una presión fiscal inmediata no prevista.
2. Alteración del Orden Público y Seguridad:
El agravamiento de las condiciones de seguridad, incluyendo riesgos para líderes sociales y candidatos, y ataques con nuevas tecnologías (drones) a la fuerza pública, que requieren inversiones inmediatas.
3. Hundimiento de la Ley de Financiamiento:
La no aprobación por parte del Congreso de los proyectos de ley para financiar el presupuesto (generando un hueco de 16,3 billones para 2026), lo que el gobierno califica como una negativa que agrava la crisis fiscal de manera “imprevisible e irresistible”.
4. Desastres Naturales (Ola Invernal):
La atención a damnificados y daños en infraestructura provocados por la intensificación de las lluvias y fenómenos climáticos.
5. Sentencias Judiciales Pendientes:
La acumulación de fallos judiciales en contra de la Nación que exigen pago inmediato y para los cuales no hay apropiación presupuestal suficiente.
6. Obligaciones Legales Atrasadas:
Deudas acumuladas en subsidios (especialmente en servicios públicos y energía para estratos bajos) y obligaciones contractuales.
7. Restricciones de Deuda y Regla Fiscal:
El agotamiento del cupo de endeudamiento y las limitaciones impuestas por la Regla Fiscal, sumado a cláusulas de acreedores internacionales que restringen nuevas maniobras financieras.
8. Restricciones de Caja:
Problemas de liquidez en la Tesorería General de la Nación que ponen en riesgo el funcionamiento básico del Estado y el pago de obligaciones esenciales.
Medidas y nuevos impuestos anunciados
El decreto faculta al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley destinados a obtener recursos tributarios. Según lo anunciado y los borradores conocidos:
- Impuesto al Patrimonio: Se espera gravar a personas naturales y jurídicas con patrimonios altos (superiores a 3.600 millones de pesos o 40.000 UVT). El presidente ha reiterado que los recursos deben salir de los “megarricos” y sectores con mayor capacidad contributiva.
- Impuestos Ambientales y Saludables: Tributos dirigidos a corregir “externalidades negativas”, como impuestos a las emisiones o productos nocivos para la salud.
- La polémica del 5×1000: Aunque inicialmente se especuló sobre la creación de un gravamen a los movimientos financieros del 5×1000 (aumentando el 4×1000), reportes recientes indican que el Ministerio de Hacienda habría descartado esta medida específica para no afectar a la población general.
Reacciones y controversia política
La declaratoria ha desatado un fuerte pulso político y jurídico:
- Gremios (ANDI): Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, calificó la medida como una “trampa” a los contribuyentes y advirtió sobre su inconstitucionalidad. Señaló que no existen “hechos sobrevinientes” reales, sino una mala gestión fiscal y una estrategia premeditada del gobierno tras el fracaso en el Congreso.
- Oposición Política: Figuras como Paloma Valencia y el expresidente Iván Duque han criticado la medida, argumentando que el gobierno busca imponer vía decreto lo que perdió democráticamente en el Congreso. Se ha instado a la ciudadanía a demandar los decretos.
- Vacancia Judicial: Existe preocupación porque la emergencia se decreta justo al inicio de la vacancia judicial, lo que podría retrasar el control automático de la Corte Constitucional, permitiendo que los impuestos se cobren provisionalmente antes de que la Corte pueda tumbarlos.
- Defensa del Gobierno: El presidente Petro defiende la medida asegurando que es la única vía para evitar un colapso social y mantener los subsidios a los más pobres, acusando a los gremios y al Congreso de defender los privilegios de los más ricos a costa de la estabilidad del país.
Lo que sigue
- Vigencia: La emergencia tiene una vigencia inicial de 30 días (prorrogables hasta 90).
- Control Constitucional: El decreto 1390 y todos los decretos legislativos derivados pasarán a revisión automática de la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su validez.
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