El cierre del año 2025 no trajo consigo la calma habitual de las festividades, sino un remezón político y fiscal que ha puesto al país en un estado de alerta máxima. La verdad detrás del decreto, los impuestos a los súper ricos y el mito del 5×1000
El pasado 22 de diciembre, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1390 declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La medida, que ha desatado una tormenta de opiniones, no es un capricho administrativo, sino la respuesta de última instancia ante un bloqueo institucional. El Congreso hundió la Ley de Financiamiento, dejando al Gobierno con un hueco de más de 16 billones de pesos para el 2026 y con las manos atadas para cumplir obligaciones vitales con los colombianos más vulnerables.
Para entender qué está pasando realmente y no caer en la desinformación que circula en redes, es necesario separar el ruido político de la realidad del bolsillo de los colombianos.
¿Por qué se rompió el vidrio de la emergencia?
El Gobierno Nacional se encontró ante lo que los expertos llaman una “tormenta perfecta”. No se trata solo de que falte dinero en la caja, sino de que el 93% del presupuesto de la Nación es intocable: ya está comprometido por ley para pagar pensiones, deudas del pasado y el Sistema General de Participaciones. A esto se le suma una serie de hechos que la Casa de Nariño califica como “sobrevinientes”, es decir, que cayeron de sorpresa y golpearon las finanzas.
Entre las urgencias inaplazables está la orden de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En palabras sencillas, esto significa que el Estado debe pagar lo mismo por la salud de un colombiano pobre (régimen subsidiado) que por uno con empleo formal (contributivo). Cumplir con este mandato de igualdad cuesta billones, y sin la reforma tributaria que negó el Congreso, el sistema de salud corría riesgo de colapso. Además, se necesitan recursos urgentes para subsidiar las tarifas de energía y gas de los estratos 1, 2 y 3 —evitando que los recibos se dupliquen— y para fortalecer la seguridad en los territorios, protegiendo a líderes sociales amenazados.
La mentira del 5×1000: Una estrategia de pánico
En medio de la incertidumbre, sectores de la oposición y figuras de la ultraderecha hicieron circular rápidamente la versión de que el Gobierno aprovecharía la emergencia para subir el gravamen a los movimientos financieros, pasando del 4×1000 al 5×1000. Esta información, que generó angustia en la ciudadanía y el comercio, ha sido desmentida categóricamente y calificada como falsa.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, salió al paso de los rumores en una entrevista reciente con W Radio, aclarando el panorama y desarmando la narrativa del miedo. “Esta información de que se está implementando el 5×1.000 es absolutamente falsa. El Gobierno no ha considerado establecer ese impuesto”, sentenció el jefe de la cartera económica. Ávila explicó que dicha medida jamás estuvo en los borradores de la emergencia y que su difusión responde a una estrategia para deslegitimar las acciones del ejecutivo.
Entonces, ¿de dónde saldrá la plata?
Si no se toca el bolsillo de la gente común con el 5×1000, ¿quién paga la cuenta? La estrategia del Gobierno Progresista es clara, la carga tributaria recaerá sobre los patrimonios más altos y los sectores que generan grandes rentas o afectaciones a la salud.
El ministro Ávila confirmó que el decreto apunta a fortalecer el Impuesto al Patrimonio: La lupa está puesta sobre las grandes fortunas, específicamente aquellas que superan los 3.600 millones de pesos y que pueden llegar hasta los 100.000 millones. La tarifa para estos súper ricos podría incrementarse hasta un máximo del 5%, buscando que quienes más tienen aporten más para cerrar la brecha social.
Adicionalmente, la emergencia busca captar recursos de nichos específicos como el sector minero-energético para el cual se contempla un impuesto especial para la estabilidad fiscal sobre la venta y exportación de petróleo y carbón.
También serán grabados juegos de azar online o a apuestas por internet, que mueven millonarias sumas y que tendrán un control fiscal más estricto.
Otros definidos en la norma son los llamados impuestos saludables, con los que se gravarán los vapeadores y cigarrillos electrónicos, equiparándolos al tabaco para desincentivar su uso y recaudar fondos para la salud.
La batalla jurídica y la oposición de la ultraderecha
Mientras el Gobierno busca recursos para garantizar la salud y los servicios públicos, la oposición, liderada vocalmente por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, ha declarado la guerra jurídica al decreto.
El argumento de la derecha, y en particular de De la Espriella, es que esta es una “crisis autoinfligida”. Según su tesis, el déficit fiscal no es una sorpresa, sino el resultado de un manejo irresponsable de las finanzas y de la incapacidad política del Gobierno para lograr consensos en el Congreso. Para la oposición, la declaratoria de emergencia es una maniobra para eludir la democracia y legislar por decreto, calificando la medida como un paso hacia un modelo autoritario que asfixia la libertad económica.
De la Espriella ya prepara demandas ante la Corte Constitucional, argumentando que los hechos no son imprevisibles. Si la Corte le da la razón y tumba la emergencia, el país podría enfrentar un escenario de caos fiscal, obligando a recortes brutales en inversión social.
¿Quién gana y quién pierde?
Al final del día, la Emergencia Económica de 2025 se perfila como una medida de “mantenimiento social”. Los grandes beneficiarios no son los políticos, sino los usuarios del sistema de salud subsidiado que recibirán mejor atención, y las familias de estratos bajos que mantendrán sus subsidios de energía. El Gobierno ha tenido que recurrir a esta herramienta extrema para evitar un colapso en los servicios fundamentales, mientras que los costos serán asumidos por los patrimonios multimillonarios y la industria extractiva, desmintiendo el mito de que se afectará las transacciones diarias de los colombianos de a pie.
Ahora, la última palabra la tiene la Corte Constitucional, que decidirá si avala la urgencia social del Gobierno o los argumentos de forma de la oposición.
