CIDH reporta avances estructurales en la protección de líderes sociales, pero advierte que la impunidad persiste en los territorios

Imagen: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su segundo informe de seguimiento sobre la situación de personas defensoras y líderes sociales en Colombia. El documento, que evalúa el cumplimiento de trece recomendaciones clave emitidas originalmente en 2019, revela un panorama de contrastes: una arquitectura institucional más sólida frente a una realidad territorial que sigue siendo hostil para quienes defienden la vida.

Un salto cualitativo en la política pública

Entre 2020 y 2025, la Comisión observó un incremento significativo en los niveles de cumplimiento estatal. El informe destaca como un “hito estructural” la reactivación del Proceso Nacional de Garantías y la creación de la Política Pública Integral para la labor de defensa de los derechos humanos.

Esta medida, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, no solo establece un plan de acción nacional, sino que obliga a una rendición de cuentas ante la Mesa Nacional de Garantías. Según la CIDH, este avance representa una voluntad política por consolidar canales de diálogo técnico entre el Estado, la sociedad civil y los liderazgos sociales.

Los logros destacados por la CIDH:

Coordinación Interinstitucional: Mejoras en la articulación entre entidades para responder a las amenazas.

Marco Normativo: Adopción de nuevos instrumentos operativos para la prevención y protección de ataques.

Apertura al Monitoreo: El Estado colombiano mostró una disposición notable para el intercambio de información y el escrutinio internacional.

De la norma a la vereda

A pesar de los aplausos por el diseño de políticas, la CIDH es enfática en los “cuellos de botella” que impiden que estos avances se traduzcan en seguridad real en las regiones más apartadas del país.

“Persisten desafíos en la implementación efectiva, articulada y verificable en los territorios de estas políticas públicas”, señala el organismo.

La Comisión subraya que la impunidad sigue siendo el principal combustible de la violencia. Para revertir esta tendencia, la CIDH insta a la justicia colombiana a:

Agotar líneas de investigación que vinculen directamente el crimen con la labor de defensa de la víctima.

Aplicar enfoques de género y colectivos en los procesos judiciales.

Frenar la criminalización de quienes ejercen el derecho a la denuncia.

La voz de la sociedad civil

Para la elaboración de este informe, la CIDH no solo consultó fuentes oficiales; sistematizó testimonios directos, reportes de organizaciones sociales e investigaciones académicas. Este enfoque permitió identificar que, si bien hay más leyes, la protección sigue siendo insuficiente ante la mutación de las dinámicas del conflicto post-acuerdo.

La CIDH es un órgano autónomo de la OEA encargado de velar por los derechos humanos en el continente. El cumplimiento total de las 13 recomendaciones sigue siendo la meta pendiente para que Colombia deje de ser uno de los países más peligrosos para el liderazgo social.