Colombia busca transformar su panorama rural mediante una reforma agraria integral para frenar la desigualdad, la guerra y el hambre. A principios de marzo de 2026, tras el cierre de la cumbre internacional ICARRD+20 en Cartagena, el país renueva sus compromisos. Las políticas actuales apuntan a la redistribución y la formalización masiva de predios para saldar una deuda histórica y potenciar el agro como motor de la economía nacional.
La Raíz del Conflicto
La discusión agraria en Colombia trasciende el simple concepto de propiedad, pues es el núcleo donde convergen la guerra, el desplazamiento forzado y la producción de alimentos. Históricamente, el acaparamiento territorial y el despojo han sido los grandes detonantes de los conflictos armados que han castigado a las comunidades rurales.
Las cifras son contundentes y revelan un desequilibrio abismal. Según los datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 43,9% de la tierra del país está concentrada en grandes fincas de más de 200 hectáreas, las cuales pertenecen a tan solo el 1,6% de los propietarios. Esta asimetría profunda arroja un coeficiente Gini de distribución de la propiedad predial de 0,86, en una escala donde el 1 representa la desigualdad absoluta.
Esta crisis sistémica no es un fenómeno exclusivamente local. A nivel global, la realidad es similar: el 85% de los agricultores del mundo gestiona predios menores a dos hectáreas, lo que apenas equivale al 9% de la tierra disponible, según advierte la FAO.
Hambre, Frontera Agrícola e Inseguridad Alimentaria
La extrema concentración de los suelos más fértiles en pocas manos ha obligado a miles de campesinos a desplazarse hacia zonas de frontera agrícola, advierte Martha Carvajalino, ministra de Agricultura. Esta dinámica ha detonado consecuencias directas sobre el abastecimiento y ha acentuado la inseguridad alimentaria, la cual, en el año 2024, afectó de forma moderada o grave al 25,5% de los hogares colombianos. La situación es mucho más dramática en el campo, donde la falta de comida constante impacta al 34,2% de las familias rurales.
Además, el acceso a la tierra está marcado por una inadmisible brecha de género. En la actualidad, las mujeres representan apenas el 33% de los dueños únicos de tierras en Colombia. Garantizar sus derechos de propiedad no es únicamente una cuestión de equidad civil; es una estrategia comprobada que reduce la desnutrición infantil y frena la violencia de género, asegurando un desarrollo sostenible de las comunidades.
Avances, Consensos y Desafíos a Futuro
A pesar de la zozobra y los “fantasmas” políticos que rodean la palabra “expropiación”, la reforma agraria sigue avanzando. Para Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, el miedo a una expropiación agresiva es un “mito”, ya que el modelo actual no surge de una revolución triunfante sino de importantes consensos democráticos.
Un paso crucial en la ruta hacia la equidad ha sido la actualización del Catastro Multipropósito, una herramienta que agiliza la formalización de predios y el recaudo de impuestos, cuya cobertura saltó del 9% a más del 30% a finales de 2025.
En cuanto a la redistribución, aunque el Gobierno prometió en principio tres millones de hectáreas, la meta realista se ajustó a un millón; de estas, ya se han logrado comprar 758.000 y se han formalizado más de dos millones de hectáreas a favor del campesinado. Sin embargo, el tiempo apremia, pues el Acuerdo de Paz estableció la obligación de formalizar siete millones de hectáreas en 12 años, y el plazo límite está a solo dos años de cumplirse.
Como muestra del momento histórico, durante la reciente Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria (ICARRD+20) que acogió a 56 delegaciones en Cartagena a finales de febrero de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hizo un anuncio monumental que no estaba en los registros previos: la entrega simultánea de 44.000 hectáreas de tierra en 13 departamentos. Estos esfuerzos buscan que el campo consolide su posición como pilar económico que actualmente ya le aporta el 9% al PIB nacional y genera el 14,2% del empleo total del país.
La disputa por la tierra en Colombia es el reflejo de décadas de desigualdad institucionalizada. Hoy, a través de estrategias de formalización, actualización catastral y compromisos internacionales renovados en la cumbre ICARRD+20, el campo tiene la oportunidad de dejar de ser un escenario de guerra y zozobra. El camino es largo, pero necesario para consolidar la paz y asegurar el pan en la mesa de millones de hogares.
