El Consejo de Estado ha tomado una decisión histórica este viernes 13 de febrero: suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026. La Sección Segunda del alto tribunal determinó que el Gobierno Nacional no cumplió con los requisitos técnicos de ley al fijar el incremento del 23,7 %, que dejaba la remuneración en $2.000.000. Ahora, el reloj corre: el Ejecutivo tiene ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio mientras se resuelve el pleito de fondo.
Un aumento sin sustento técnico suficiente
La decisión, que cae como un balde de agua fría sobre la Casa de Nariño, congela los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. Según el Consejo de Estado, la medida cautelar era necesaria porque el Gobierno no logró justificar “con rigor” cómo calculó el aumento, ignorando variables macroeconómicas obligatorias como la inflación, la productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
El salario, que el presidente había bautizado como “salario mínimo vital”, se componía de un básico de $1.750.905 más un auxilio de transporte de $249.095. Sin embargo, para los demandantes y ahora para el tribunal, esta cifra respondió más a una voluntad política que a la realidad económica del país.
El drama detrás de la demanda
El proceso no ha estado exento de tensiones extralegales. La demanda fue interpuesta inicialmente por el abogado Germán Eduardo Castro Marín, quien el pasado 13 de enero logró que la Sección Segunda admitiera el recurso. No obstante, en un giro oscuro, Castro Marín intentó retirar la demanda días después denunciando amenazas contra su vida.
El Consejo de Estado, en una postura garantista, rechazó el desistimiento del abogado. El tribunal argumentó que la renuncia al proceso estaba viciada por coacción y miedo, por lo que decidió continuar con el estudio del expediente para proteger la integridad del sistema judicial y el interés público.
El fantasma de 2016: Un precedente jurídico
Esta no es la primera vez que el Consejo de Estado le pone freno al Ejecutivo en materia salarial, aunque sí es inédito que ocurra con una suspensión provisional tan rápida. Los magistrados recordaron el antecedente del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se anuló el decreto del salario mínimo de 2016 (Decreto 2552 de 2015).
En aquella ocasión, el fallo llegó en 2017, mucho después de que los pagos se hubieran hecho. La diferencia crucial hoy es la inmediatez: al suspender el decreto en febrero, el tribunal busca evitar que se consoliden pagos bajo una normativa cuestionada, protegiendo la seguridad jurídica de las empresas y las finanzas públicas. La Ley 278 de 1996 es clara: si no hay concertación, el gobierno puede decretar el aumento, pero debe motivarlo con datos precisos del Banco de la República y comités de productividad, algo que, según el auto, faltó en el decreto de Petro.
La suspensión del decreto de Petro marca un hito en el equilibrio de poderes en Colombia. Mientras el Ministerio del Trabajo prepara su respuesta técnica en tiempo récord, el país queda a la espera de un nuevo monto salarial que logre el difícil balance entre la dignidad del trabajador y la realidad técnica de la economía. En Enredijo seguiremos minuto a minuto este pulso jurídico.
