jueves, noviembre 19, 2026

Palacio de Justicia: la disputa por la memoria oficial

El estreno de la serie ‘Palacio’ en Netflix reavivó las tensiones sobre las responsabilidades del M-19 y la Fuerza Pública ocurridas hace 41 años. Mientras víctimas y autores defienden una mirada integral, desde el Ejecutivo y el Centro Nacional de Memoria Histórica se impulsa un relato que exime al Estado.

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El lanzamiento de la serie Palacio en Netflix, ocurrido el pasado 6 de noviembre en Colombia, reactivó una discusión nacional abierta desde hace cuatro décadas sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. A raíz del impacto de la producción, el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) desplegaron una ofensiva comunicativa y jurídica para imponer una versión oficial que desestima las responsabilidades judiciales de la Fuerza Pública.

El fenómeno de ‘Palacio’

La producción audiovisual llegó a la plataforma exactamente 41 años después del inicio de los hechos de noviembre de 1985 y escaló de inmediato al primer lugar de audiencia en el país. Ese alcance trasladó de nuevo a las redes sociales y a las conversaciones cotidianas el debate sobre las motivaciones de la guerrilla del M-19 para secuestrar a la alta corte y la brutalidad con la que la Fuerza Pública recuperó la edificación “a sangre y fuego”. Aunque esta tragedia se ha reconstruido durante décadas mediante expedientes judiciales, libros y testimonios familiares, la pantalla volvió a enfrentar dos lecturas opuestas del pasado reciente.

El giro discursivo

En medio de la conmemoración, el Centro Nacional de Memoria Histórica —entidad estatal encargada de documentar y resguardar los archivos del conflicto armado— llenó sus redes sociales con publicaciones que minimizan las culpas ya probadas del Estado. En sus mensajes institucionales, la entidad subraya que el M-19 recibió un indulto tras cometer lo que califica como una toma terrorista, mientras cuestiona la condena internacional contra el Estado.

Al frente de esta línea editorial está D’Mar Córdoba, director del CNMH y conductor del espacio Voces de la Memoria, quien atribuye la totalidad de los crímenes a la insurgencia y omite los abusos cometidos por el Ejército. Desde su cuenta en X, Córdoba descalificó la serie al señalarla como ficción y recordó que las armas guerrilleras mataron a 11 integrantes de la Fuerza Pública. Su postura coincide con su trayectoria previa, pues integró el equipo de trabajo de la exsenadora Tania Vega de Plazas, esposa del general Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de las tropas que ejecutaron la retoma.

Respaldo jurídico

La defensa oficial de los uniformados trascendió el discurso mediante decisiones directas del presidente Abelardo de la Espriella. En septiembre, en vísperas de un juicio en su contra, el mandatario ordenó brindar acompañamiento jurídico al general Luis Alfonso Plazas Vega —quien en Colombia había sido condenado y luego absuelto en tercera instancia— y lo exaltó como un “héroe de la patria”.

Dos días después de ese respaldo presidencial, el oficial fue declarado inocente en dicho proceso. Semanas más tarde, aunque el Ejecutivo había anunciado inicialmente a Tania Vega de Plazas como embajadora de Colombia en Perú, el jefe de Estado retiró esa oferta antes de recibir el beneplácito y nombró en el cargo diplomático al propio general investigado.

Las voces de Olga Behar y Helena Urán

Frente al intento de imponer una versión única, la periodista Olga Behar —autora del libro Noches de humo, obra base de la serie— sostiene que la memoria histórica debe incluir todas las miradas, incluso para explicar el negacionismo sin reducir la historia a bandos de buenos y malos. Para Behar, Palacio demuestra la inutilidad de la guerra y evidencia que la sociedad civil fue la principal perdedora en un enfrentamiento donde todos salieron derrotados.

Por su parte, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, advierte que el Gobierno prioriza una “agenda patriota” que borra los crímenes de Estado ya comprobados. Urán, quien dejó la Cancillería en 2023 tras criticar que el expresidente Gustavo Petro ondeara una bandera del M-19 en un acto público, destaca que la serie retrata con equilibrio tanto la culpa guerrillera como la responsabilidad militar. Entretanto, su familia mantiene activa una batalla judicial contra Plazas Vega por desaparición forzada, tortura y homicidio, cuyo expediente más reciente avanza en Estados Unidos.

Lo que establecieron las sentencias

Más allá de la disputa política, los fallos judiciales reconstruyeron lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron en la sede judicial para someter a un juicio político al presidente Belisario Betancur. La operación militar para retomar el edificio terminó con el Palacio en llamas y un balance oficial de 244 sobrevivientes y 94 muertos, incluidos once magistrados.

Años después, la justicia determinó que varias víctimas salieron con vida y fueron desaparecidas por agentes estatales. En consecuencia, en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Colombia por la desaparición forzada de diez personas y por la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán.

El debate desatado por Palacio confirma que la memoria de 1985 sigue siendo un terreno en disputa donde chocan las narrativas del poder y la verdad judicial. Preservar el rigor histórico exige reconocer la totalidad de las responsabilidades probadas en los estrados, sin omisiones. Te invitamos a seguir los análisis y reportajes de ENREDIJO para profundizar en los hechos que marcan la conversación pública del país.

Con información de El País. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.

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