Más de 11.000 excombatientes continúan en el proceso de reincorporación, pero 521 firmantes han sido asesinados y buena parte de lo pactado sigue pendiente. En Pitalito, exjefes de las Farc cumplieron una sanción de la justicia transicional.
Redacción Nacional
El próximo 24 de noviembre se cumplen diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las Farc en el Teatro Colón, en Bogotá. La década deja una guerrilla desarmada, pero también violencia persistente en los territorios y compromisos sin cumplir. Ese balance plantea la pregunta de fondo del aniversario: si vale la pena seguir intentando la paz. Los datos, con todas sus sombras, respaldan a quienes responden que sí.
Nació entre tropiezos
El tropiezo no es nuevo. En el plebiscito del 2 de octubre de 2016, Colombia rechazó el primer texto, con una participación del 37,43 % del potencial electoral. Gobierno y Farc renegociaron, y la nueva versión fijó un plazo de diez años para la JEP, que vence en 2028. Desde entonces, el pacto ha atravesado tres orillas políticas y sigue en pie, según la defensora del Pueblo, Iris Marín. Además, se pensó para cumplirse en quince años, hasta 2031: aún quedan cinco.
Lo que la paz sí cambió
Más de 14.100 firmantes dejaron las armas en 2017. La Defensoría recuerda estudios que registran descensos superiores al 50 % en muertes y heridos del conflicto, y una caída del 70 % en secuestros entre 2012 y 2019. En los municipios PDET, la pobreza multidimensional bajó de 47,2 % en 2018 a 26,1 % en 2025.
Las deudas que duelen
La cifra más dura son los 521 firmantes asesinados desde 2016, con un aumento de 38,5 % de esos homicidios en 2025. Solo el 4,6 % de las víctimas ha culminado su proceso de reparación, y apenas el 56 % de las 33.007 iniciativas de los PDET ha comenzado a ejecutarse, según la Fundación Ideas para la Paz. La Contraloría reporta 138,1 billones de pesos invertidos, el 65 % del costo estimado para los primeros quince años, aunque advierte un riesgo de desfinanciación estructural. Para la defensora, la violencia actual se explica en gran medida por el lento avance de la implementación, no por el Acuerdo.
Pitalito, donde la paz se cava a mano
Desde el 21 de septiembre, integrantes del último Secretariado de las Farc cumplen su sanción de la JEP en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito. Apoyan la búsqueda de personas desaparecidas bajo la orientación técnica de la Unidad de Búsqueda. En ese camposanto ya se habían recuperado 54 cuerpos de personas no identificadas y nueve víctimas fueron entregadas a sus familias. La sanción se extiende hasta febrero de 2034, y la medida divide a las víctimas.
Un debate abierto
Las críticas siguen vivas. El expresidente Iván Duque sostiene que en la JEP no se han visto condenas ejemplarizantes, y el presidente Abelardo De la Espriella ha calificado al tribunal de “disfraz” para la impunidad. Su Gobierno logró que el Consejo de Seguridad de la ONU renovara por unanimidad, hasta el 31 de octubre de 2027, la Misión de Verificación, ahora enfocada en la reincorporación y las garantías de seguridad; Bogotá plantea que la reforma rural es una política pública y no objeto de verificación internacional. El expresidente Santos, en cambio, advierte que la paz no se construye solo con operaciones militares.
Diez años después, el Acuerdo enseña que la paz no llega de un golpe ni sin tropiezos, pero tampoco se pierde cuando se insiste. Como dijo la defensora, “la paz no tiene solistas”: necesita a quienes votaron sí, a quienes votaron no y a los territorios. En el sur del Huila, donde hoy se buscan desaparecidos para devolverles el nombre, esa tarea ya empezó. Siga en Enredijo la conmemoración del 24 de noviembre.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
