Los diputados cuestionaron la ejecución presupuestal de más de 71.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad Territorial y señalaron demoras injustificadas en la compra de tecnología. La Secretaría de Gobierno argumenta retrasos por normativas internacionales, en medio de la creciente alerta en la región por recientes ataques armados.
Redacción Regional
La Asamblea del Huila protagonizó este jueves 5 de noviembre un intenso debate de control político para evaluar rigurosamente la gestión de los recursos públicos destinados a la protección ciudadana. Impulsada por los diputados Wilfred Trujillo y Omar Alexis Díaz, la sesión confrontó al secretario de Gobierno departamental, Camilo Castrillón, exigiendo explicaciones claras sobre la ejecución de millonarias partidas, las trabas operativas en la entrega de equipos y la efectividad real de programas de prevención.
Ejecución del presupuesto
El eje de la discusión se centró en la velocidad y eficiencia con la que se están invirtiendo los recursos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). El diputado Wilfred Trujillo advirtió que de los 71.400 millones de pesos proyectados en el Plan de Desarrollo para el orden público, apenas se ha ejecutado un 42,1 %, es decir, unos 30.062 millones.
Frente a esto, el secretario Camilo Castrillón aclaró que la base de cálculo real del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) se acerca a los 60.000 millones de pesos, de los cuales ya se ejecutaron cerca de 30.000 millones, lo que elevaría el indicador al 50 %. El funcionario detalló la distribución de estos rubros: unos 10.000 millones para movilidad, 10.000 millones en tecnología, y 3.500 millones para participación ciudadana. Sin embargo, el secretario admitió que hay 6.000 millones que permanecen sin comprometer porque la Gobernación está a la espera de que el Gobierno Nacional confirme la cofinanciación para proyectos clave, como la actualización de la línea 123 y la articulación de cámaras para 11 municipios.
Retrasos en dotación
El rezago en la adquisición de equipos tácticos generó un fuerte malestar entre los asambleístas. Castrillón reconoció que la importación de radios Harris solicitados por la Novena Brigada podría tardar hasta 320 días debido a las estrictas autorizaciones del gobierno de Estados Unidos, proyectando una posible entrega para mediados de 2027. Además, un escáner 3D requerido por la Fiscalía sigue paralizado hasta que la entidad valide las especificaciones técnicas definitivas para no cometer errores en la compra.
A esto se suma la adquisición de dos camionetas blindadas de nivel tres destinadas al comandante del Batallón 9 y al propio gobernador, cuya entrega depende del blindaje y no se garantiza para este año. Resulta paradójico también el caso de un dron adquirido en diciembre de 2025 que ya fue entregado a la Fuerza Aérea, pero que no puede operar aún porque requiere un riguroso proceso de matrícula, similar al de un avión comercial. Estas demoras burocráticas contrastan drásticamente con la realidad del departamento, que semanas atrás enfrentó graves riesgos de orden público por ataques con explosivos lanzados desde drones irregulares contra la estación de Policía del municipio de Palermo.
Contrato de mediadores
Las inversiones destinadas a la prevención social también quedaron bajo la lupa. Particularmente, un contrato por 1.970 millones de pesos ejecutado a través del Fondo Mixto para apalancar el programa de mediadores de convivencia. Durante la sesión, la delegada del proyecto, Luzdey Artunduaga, presentó un balance operativo reportando la atención de 1.621 riñas y 2.129 casos de violencia intrafamiliar entre 2025 y 2026.
El diputado Armando Acuña cuestionó duramente la solidez del programa, señalando profundas discrepancias entre las cifras reportadas y los registros estadísticos oficiales de lesiones personales en el departamento. Acuña y otros legisladores denunciaron que la Asamblea nunca recibió la documentación completa sobre las prórrogas del contrato ni detalles sobre los perfiles del personal. Ante la evidente insatisfacción, la corporación propuso convocar a un nuevo debate de control político dedicado exclusivamente a examinar a fondo este convenio.
Cámaras desconectadas
La estrategia de vigilancia tecnológica en los barrios evidenció grandes fisuras estructurales. El diputado Omar Alexis Díaz puso en tela de juicio el proyecto “Mi Barrio Seguro”, advirtiendo que de los múltiples equipos desplegados, varios dispositivos se encuentran inoperantes por falta de energía eléctrica, ausencia de mantenimiento o por amenazas directas a los líderes comunales. La administración reportó tener 2.394 cámaras instaladas e indicó que espera finalizar la implementación de 49 faltantes antes de que acabe noviembre.
En materia delictiva, el panorama expuso un evidente claroscuro. Castrillón reconoció que, aunque las cifras de la Policía muestran una reducción estadística en la extorsión, existe un altísimo subregistro en los cascos urbanos y rurales. “El temor de las víctimas a denunciar oculta la realidad que se vive en terreno”, confesó el secretario. Como evidencia de esta parálisis ciudadana, mencionó que existe una bolsa de recompensas de la que nadie ha reclamado pagos en meses, por lo que anunció el lanzamiento de una campaña transmedia en colegios y comercios para fomentar la denuncia y frenar tanto el reclutamiento como la extorsión.
El debate en la Asamblea del Huila deja un mensaje contundente: el departamento necesita mucho más que presupuestos millonarios aprobados en el papel para garantizar su tranquilidad. Urge una capacidad administrativa ágil que logre destrabar la burocracia de las importaciones y un control fiscal severo para asegurar que cada peso invertido en convivencia entregue resultados irrefutables. Te invitamos a seguir nuestras redes y portal web para no perderte el cubrimiento del próximo debate enfocado en el Fondo Mixto.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
