La iniciativa legislativa busca modificar la Constitución para que los territorios administren directamente sus recursos, sin depender de un esquema centralista. El proyecto, respaldado por una abrumadora mayoría de cabildantes del país, toma distancia de las reformas aprobadas en 2024 y reclama verdaderas facultades para la toma de decisiones locales.
Redacción Regional
Un comité de cabildantes de diferentes regiones del país, liderado por la huilense Victoria Castro, formalizó a finales de agosto de 2026 una propuesta de acto legislativo para establecer la autonomía fiscal regional en Colombia. La iniciativa busca que los departamentos puedan administrar libremente la riqueza que producen, respondiendo a la histórica desconexión entre las competencias territoriales asignadas por la Nación y los escasos recursos entregados para cumplirlas.
Verdadera autonomía
La vocera del comité promotor y diputada del departamento del Huila, Victoria Castro, dejó claro que la propuesta no tiene el propósito de crear nuevos tributos que golpeen el bolsillo de los ciudadanos. “No van a aumentar las rentas, aquí no se van a crear impuestos nuevos, no van a nacer nuevos impuestos, no. Lo que nosotros generamos desde las regiones lo vamos a empezar a administrar desde las regiones”, enfatizó la asambleísta. Este ambicioso proyecto se estructuró a lo largo del 2026, naciendo en abril en Santa Marta, adoptándose como propuesta de la Confederación Nacional de Asambleas en junio en Córdoba y presentándose formalmente el 26 de agosto.
Según Castro, se trata de una oportunidad histórica, pues es la primera vez en 35 años de vigencia de la actual Constitución Política que los diputados formulan un proyecto de acto legislativo que transformaría la Carta Magna en tres ejes fundamentales: la distribución de la riqueza, la gestión de rentas fijas o de IVA que hoy administra la Nación, y el derecho inalienable de las regiones a manejar sus recursos.
Acto Legislativo de 2024
Aunque en diciembre de 2024 el Congreso de la República dio luz verde al Acto Legislativo 03 —el cual aumentó gradualmente las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) hacia los territorios—, los promotores de la nueva propuesta marcan marcadas diferencias. Castro reconoció que aquella modificación constitucional fue un avance importante contra el agobiante centralismo de Bogotá, pero aclaró que esta nueva iniciativa es totalmente distinta y apunta a una descentralización mucho más profunda.
La diputada advirtió sobre la fragilidad del esquema aprobado hace dos años. Según explicó, los cambios en el SGP logrados en 2024 quedarían sin ningún piso jurídico y financiero si el actual debate de la Ley Orgánica de Competencias no se consolida y queda en firme durante esta legislatura.
Riesgos y cuestionamientos
Más allá de las diferencias técnicas, existe un fuerte temor político frente al rumbo que pueda tomar la descentralización. La diputada expresó su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno nacional decida retirar la Ley de Competencias, recordando que el propio presidente de la República ha dado indicios en varias ocasiones sobre este posible retiro.
Castro fue enfática al lanzar un cuestionamiento a las intenciones del Ejecutivo con dicha normativa, sugiriendo que se estaría usando como vehículo de políticas rechazadas. “No es otra cosa, a nuestro parecer, que el camuflaje de esas políticas públicas que el Gobierno Petro no pudo aprobar en el Congreso de la República”, afirmó la diputada. Según ella, reformas estancadas como la agraria o la de salud estarían siendo camufladas en esta reestructuración, aprovechando una necesidad legítima de los territorios.
De la dependencia central a un SGP territorial
El núcleo del proyecto impulsado por las asambleas plantea una administración territorial sin ataduras. La propuesta sugiere mantener vivo el Sistema General de Participaciones, pero suprimiendo la obligación de acatar una destinación específica impuesta desde las oficinas de la capital. “Tiene toda la competencia, depende de usted, departamento del Huila, cómo prioriza vías, cómo prioriza saneamiento básico”, ilustró Castro sobre la libertad de inversión que persiguen.
Bajo este nuevo panorama, el Gobierno nacional tendría que enfocarse exclusivamente en sus responsabilidades macro, tales como la seguridad nacional, las políticas internacionales y el manejo de la justicia. Esta autonomía evitaría los constantes malabares financieros que viven hoy las asambleas para aprobar créditos y vigencias futuras con el único fin de sostener programas desfinanciados por Bogotá, siendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) uno de los ejemplos más críticos.
“Los diputados administramos pobreza”
Lejos de representar un interés partidista, la iniciativa cuenta hoy con un firme respaldo multipartidista, recogiendo a la fecha más de 350 firmas de los 418 diputados que integran las asambleas del país. “Esto es una iniciativa de los diputados de Colombia, de quienes recorren los territorios, de quienes administran pobreza, porque al final de cuentas eso es lo que nosotros hacemos acá”, declaró Castro.
Este movimiento nacional no busca fragmentar a Colombia en un Estado federal, sino cumplir de una vez por todas las promesas de descentralización que se le hicieron a los ciudadanos en 1991. Como parte del diseño estratégico de este modelo, una comisión viajó a Argentina para analizar de cerca un sistema territorial similar. Pese a anticipar fuertes resistencias políticas a perder el monopolio administrativo y económico, el comité promotor confía en que hoy, oponerse al desarrollo regional y al manejo propio de la riqueza, va completamente en contra del clamor de las comunidades.
El debate apenas comienza, pero el proyecto liderado por las asambleas departamentales pone sobre la mesa una reforma estructural indispensable. Si se materializa, cambiará para siempre el tablero político y entregará a los territorios, por fin, las herramientas reales para garantizar su crecimiento. Sigue conectado a nuestro portal y plataformas digitales de ENREDIJO para mantenerte al tanto del desarrollo legislativo de esta iniciativa histórica para el sur colombiano.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
