El empresario Arturo Calle denuncia la pérdida de casi 2.000 puestos de trabajo debido a las condiciones de competencia frente a las aplicaciones asiáticas. Mientras los consumidores aprovechan los precios bajos para sortear las dificultades económicas, el Congreso colombiano debate una reforma que podría cambiar los impuestos de los envíos internacionales y frenar presuntas prácticas ilegales.
Redacción Económica
El pasado 15 de octubre, ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la industria nacional alzó la voz para advertir sobre la destrucción progresiva de la empleabilidad formal a causa de la importación masiva de productos a través de plataformas de bajo costo como Shein y Temu. Este fenómeno, que responde a un cambio en los hábitos de consumo digital impulsado por las billeteras ajustadas de los hogares, ha obligado al Congreso y al Gobierno nacional a estudiar nuevas regulaciones arancelarias que nivelen el terreno de juego para los productores locales.
La sangría laboral
El impacto del e-commerce asiático ya deja cicatrices profundas en las finanzas de las marcas tradicionales. Durante la audiencia pública, el empresario Arturo Calle reveló que su organización ha tenido que recortar alrededor de 1.900 puestos de trabajo, advirtiendo además que un centenar adicional se encuentra en riesgo inminente si las reglas del mercado no se equilibran.
El desglose de esta alarmante cifra muestra que la crisis golpea todos los eslabones de la cadena productiva: cerca de 1.200 empleos se eliminaron en las plantas de fabricación ubicadas en Pereira, 600 puestos se perdieron en los distintos establecimientos comerciales y otros 100 correspondieron a áreas administrativas. Bajo la premisa lógica de que menores ventas se traducen obligatoriamente en recortes de personal, Calle enfatizó que la reducción del empleo formal no solo afecta a las familias colombianas, sino que disminuye drásticamente el recaudo de impuestos y los aportes a la seguridad social que sostienen al Estado.
El peso de China
El debate sobre estas aplicaciones de comercio transfronterizo no puede entenderse sin observar el panorama macroeconómico. Para el año 2025, China consolidó su posición como un gigante comercial, concentrando cerca del 28 % de las importaciones totales de Colombia. De los 70.500 millones de dólares que el país gastó en compras externas, aproximadamente 19.380 millones provinieron de la nación asiática.
Si bien este volumen abarca desde maquinaria pesada hasta insumos industriales esenciales, el explosivo crecimiento de las ventas directas al consumidor (Direct-to-Consumer) a través de plataformas digitales ha abierto una grieta en los canales tradicionales de distribución. Las fábricas colombianas, que asumen altos costos operativos, laborales y tributarios, se encuentran compitiendo contra un modelo que envía paquetes directamente a los hogares, aprovechando vacíos legales en los sistemas aduaneros a nivel global.
Las sombras del modelo asiático
Más allá de los bajos costos de producción en Asia, los representantes de la industria nacional han puesto la lupa sobre presuntas prácticas desleales que distorsionan el mercado. Calle denunció ante el Legislativo la preocupante práctica de la subfacturación, un mecanismo mediante el cual se declara en aduanas un valor muy inferior al real (por ejemplo, registrar por cinco dólares un artículo que cuesta 20) para evadir los topes tributarios.
Sumado a la evasión, la falsificación de marcas registradas agrava el panorama. Como prueba de esta problemática, el empresario expuso el caso de un bolso comercializado en Temu que plagiaba uno de los diseños de su marca. Mientras el artículo original se vende en las tiendas colombianas por cerca de 250.000 pesos, la copia se ofrecía en la plataforma internacional por menos de 40.000 pesos. Esta competencia desleal no solo representa un golpe económico, sino un grave riesgo para la propiedad intelectual y la reputación de las empresas constituidas legalmente.
El futuro de los impuestos
La solución a este complejo escenario se encuentra actualmente en manos del poder legislativo. El Proyecto de Ley 466 de 2025 busca modificar y establecer nuevos límites a la exención del Impuesto sobre las Ventas (IVA) aplicable a los envíos urgentes y de tráfico postal. La intención de la Cámara de Representantes es cerrar la brecha tributaria para que las mercancías extranjeras compitan bajo obligaciones fiscales más equitativas.
Sin embargo, el Gobierno enfrenta un dilema político y social considerable. Cualquier aumento en los aranceles o impuestos a estas importaciones de bajo valor impactará directamente el bolsillo de los consumidores colombianos, quienes ven en estas aplicaciones una válvula de escape frente a la inflación y las restricciones presupuestales.
En definitiva, el auge del comercio electrónico transfronterizo ha revelado la urgencia de modernizar el aparato productivo y las leyes aduaneras de Colombia. El país necesita encontrar un punto de equilibrio que proteja la industria manufacturera y el empleo formal, sin dar la espalda a las nuevas dinámicas globales de consumo ni castigar severamente la economía de los hogares. Desde nuestro portal, seguiremos muy de cerca el avance de esta reforma en el Congreso y sus implicaciones para el bolsillo de todos. Te invitamos a mantenerte informado y participar en el debate a través de las redes sociales de ENREDIJO.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
