La última celda de Biorgánicos del Sur vuelve a poner al sur del Huila contra el reloj. Pero la discusión ya no puede limitarse a dónde enterrar los residuos cuando se agote: hay que preguntarse cuánto estamos haciendo para evitar que sigan llegando allí materiales que podrían separarse, aprovecharse o transformarse.
Deicy Jhojana Castellanos Calderón
Hay una fecha que Pitalito debería marcar desde ahora en el calendario: 29 de mayo de 2027.
Es el horizonte que se ha hecho público para el posible agotamiento de la última celda disponible de Biorgánicos del Sur. La celda sigue operando. Pero conocemos el riesgo con meses de anticipación.
¿Qué pasaría si Pitalito se queda sin dónde disponer sus residuos?
La basura no desaparece cuando termina una celda. Habría que transportarla a otra instalación autorizada, asumir mayores distancias y costos y reorganizar una operación de la que depende diariamente la salubridad de la ciudad.
Por eso, mayo de 2027 no puede convertirse en la fecha para declarar una emergencia que en agosto de 2026 ya conocemos.
De seis años a otra cuenta regresiva
El contraste merece explicación.
El 29 de mayo de 2024, la Gobernación del Huila anunció que había sido superada la crisis sanitaria que amenazaba al sistema. La nueva celda había requerido una inversión cercana a $3.000 millones y se hablaba entonces de aproximadamente seis años de vida útil bajo condiciones adecuadas de manejo.
La infraestructura autorizada tiene capacidad de disposición de hasta 121.043,93 metros cúbicos y recibe residuos de nueve municipios del sur del Huila.
Dos años después, volvemos a mirar el calendario.
La reciente advertencia pública del director general de la CAM sitúa el posible agotamiento en mayo de 2027 y señala que Pitalito aporta aproximadamente el 70 % de los residuos que recibe el sistema. La cifra debe confrontarse con los pesajes consolidados, pero permite comprender la dimensión de nuestra responsabilidad: alrededor de siete de cada diez toneladas tendrían origen en Pitalito.
También hay otro dato difícil de ignorar.
Según la actualización del PGIRS, entre enero y octubre de 2024 ingresaron 32.666 toneladas de residuos y 19.291 toneladas fueron dispuestas en celda: cerca del 59 % del total reportado para ese periodo.
Eso equivale, como cálculo aproximado a partir de esas cifras, a más de 1.900 toneladas enviadas mensualmente a disposición final.
El PGIRS presenta una inconsistencia entre algunos totales relativos a orgánicos y sus porcentajes; por rigor, esas cifras no deben utilizarse como categorías perfectamente conciliadas hasta que sean aclaradas.
Pero 19.291 toneladas enterradas en diez meses bastan para formular la pregunta importante:
¿Cuántas eran realmente inevitables y cuántas podían haberse recuperado, aprovechado o transformado antes de llegar allí?
Colombia lleva años diciendo que gestionar residuos no es simplemente enterrarlos
Sería cómodo convertir esta crisis en un problema exclusivo de Biorgánicos. También sería equivocado.
Biorgánicos responde por las actividades que tiene a su cargo. Los prestadores de aseo, por sus obligaciones legales y contractuales. La CAM ejerce autoridad y control ambiental. Los generadores tienen deberes de separación. Y las organizaciones de recicladores no son actores decorativos: el régimen vigente les reconoce un papel estructural en la actividad de aprovechamiento.
Pero al Municipio le corresponde una responsabilidad central de planeación, implementación y seguimiento del PGIRS y de articulación de la gestión de residuos con el territorio.
Además, Colombia tiene desde 2021 un código nacional de separación: verde para orgánicos aprovechables, blanco para aprovechables y negro para no aprovechables. La Resolución 754 de 2014 tampoco concibe el PGIRS como un documento para archivar: regula su formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización.
Pitalito sí tiene PGIRS.
Entonces la pregunta no es si existe.
Es esta:
¿Cuánto ha logrado disminuir efectivamente lo que Pitalito envía a disposición final?
El artículo 120 del POT ya había puesto el problema sobre la mesa
Aquí aparece uno de los hallazgos más incómodos.
En 2021, el artículo 120 del POT de Pitalito estableció que el manejo de residuos debía responder al PGIRS. También ordenó gestionar con los municipios vecinos la solución subregional para la disposición final y garantizar la continuidad de los procesos de aprovechamiento de los residuos generados por los nueve municipios.
Pero fue más lejos.
El mismo artículo dispuso que la Administración presentara al Concejo Municipal, en un término no mayor a dos años, un proyecto de acuerdo para formular el Plan Maestro de Residuos. Además, ordenó que Municipio y autoridad ambiental evaluaran técnicamente el relleno cada tres años para tomar acciones dirigidas expresamente a evitar situaciones de emergencia asociadas a la disposición final.
El programa de ejecución del POT incluso contempló la formulación del Plan Maestro y, para el mediano plazo, la ejecución de su primera fase.
Han pasado casi cinco años desde la adopción del POT.
¿Se presentó el proyecto de acuerdo dentro del término previsto? ¿Se formuló el Plan Maestro? ¿Se adoptó? ¿Qué ocurrió con sus acciones?
Con la documentación pública revisada para esta investigación no ha sido posible establecer todavía una respuesta completa a esas preguntas. Eso no permite declarar un incumplimiento.
Pero sí permite preguntar:
¿Qué ocurrió entre lo que Pitalito planeó y lo que efectivamente ejecutó?
La justicia tampoco empezó a hablar de esto en 2026
En 2023, el riesgo llegó a los tribunales mediante la acción popular 41001-23-33-000-2023-00103-00, promovida por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
Y la justicia no pidió solamente más espacio para enterrar.
Las medidas adoptadas apuntaron también a la separación en la fuente para que los aprovechables regresaran al ciclo productivo. Posteriormente, el 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila protegió derechos colectivos relacionados con el ambiente sano y la seguridad y salubridad públicas y ordenó, entre otras medidas, actualizar e implementar los PGIRS, identificar alternativas de contingencia, procurar que llegaran a Biorgánicos residuos no aprovechables y promover la reducción de residuos. A Biorgánicos le ordenó estudiar técnicamente la vida útil y avanzar en la futura capacidad de disposición.
No corresponde afirmar que todas esas órdenes hayan sido incumplidas sin revisar integralmente su ejecutoria y los informes de cumplimiento.
Pero sí corresponde preguntar:
¿Cuánto de lo que hoy aparece como una nueva alarma ya había sido advertido u ordenado prevenir judicialmente?
El reloj resulta difícil de ignorar: 2021, POT. 2023, acción popular. 2024, nueva celda. 2025, sentencia. 2026, nueva advertencia. 2027, posible agotamiento.
Esto no ocurrió de repente.
El Huila ya sabe cuánto cuesta llegar tarde
Biorgánicos del Centro dejó una memoria que no debería perderse.
No fue una situación idéntica a la actual. Allí la CAM documentó deficiencias ambientales y problemas graves en el manejo de lixiviados que alcanzaban la quebrada Las Damas. Hubo medidas de suspensión y posteriormente la Procuraduría confirmó una sanción disciplinaria de seis meses contra un exdirector territorial de la CAM por omitir y retardar la ejecución de una de esas medidas. El organismo de control habló de contaminación continuada y exposición de residuos a cielo abierto durante 20 meses y cinco días.
El Huila ya sabe cuánto puede costar administrar tarde una crisis de residuos.
La historia no tiene por qué repetirse. Precisamente por eso debería recordarse.
La basura que producimos cuando celebramos
Hay otro flujo que casi nunca entra en la conversación: festivales, ferias, conciertos, eventos deportivos, gastronómicos e institucionales.
La Ley 2232 de 2022 ya estableció una sustitución gradual de determinados plásticos de un solo uso, incluyendo varios elementos particularmente frecuentes en actividades de consumo masivo.
Entonces la discusión tampoco puede limitarse a instalar más canecas.
Si contamos asistentes para demostrar el éxito de una fiesta, ¿por qué no contamos también cuántos residuos produjo y cuánto logró aprovechar?
¿Cuántos kilos genera cada asistente? ¿Qué porcentaje se recupera? ¿Cuánto termina en Biorgánicos?
Pitalito debería estudiar un Sistema Especial de Gestión y Aprovechamiento de Residuos para Eventos Masivos que incorpore prevención, separación, recicladores, orgánicos, reducción de materiales de un solo uso, medición y responsabilidades para los organizadores.
Es una propuesta de política pública. Su metodología requiere un desarrollo técnico específico.
2026 debe ser el año de intervenir
Si conocemos el riesgo ahora, esperar a 2027 sería desperdiciar el recurso más importante que todavía tenemos: tiempo.
Pitalito necesita un PLAN DE CHOQUE 2026–2027 PARA REDUCIR LA DISPOSICIÓN FINAL, articulado con PGIRS, POT, órdenes judiciales y una estrategia de contingencia.
Debe ser interinstitucional, territorial y medible. Debe intervenir hogares, comercios, grandes generadores, orgánicos, eventos y aprovechamiento con las organizaciones de recicladores.
Y debe cambiar también la forma de evaluar la educación ambiental.
No basta contar talleres. No basta contar bolsas entregadas. No basta contar rutas. Hay que contar toneladas que dejaron de enterrarse.
La infraestructura futura puede ser necesaria. Pero una nueva celda sin transformar el flujo que la llena puede significar únicamente comprar algunos años antes de repetir la misma discusión.
La pregunta correcta ya no es solamente cuánto espacio queda.
Es:
¿Cuánto podemos evitar que llegue hasta allí?
Pitalito no necesita únicamente aumentar su capacidad para disponer residuos. Necesita aumentar su capacidad para NO disponerlos.
Los próximos meses pueden emplearse únicamente en buscar dónde poner la basura cuando se agote el espacio disponible.
O pueden convertirse en la oportunidad de cambiar cuánto necesitamos enterrar.
La celda tiene una vida útil limitada.
La capacidad de planear no debería tenerla.
