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El Gobierno activó un plan de choque mediante el Decreto 0802 ante la llegada de un fenómeno de El Niño que amenaza con provocar la sequía más severa en la historia del país. Con cientos de municipios en riesgo de quedarse sin agua y millonarias inversiones en marcha el Estado busca anticiparse a una crisis climática sin precedentes.
El presidente Gustavo Petro oficializó la declaratoria de situación de desastre de carácter nacional por un periodo inicial de doce meses. La medida busca preparar al país frente a los impactos del fenómeno de El Niño que podría desencadenar el episodio de escasez hídrica más extremo jamás registrado en el territorio colombiano.
Las proyecciones científicas que sustentan el decreto expedido el 23 de julio de 2026 son alarmantes. Existe una probabilidad superior al 95 por ciento de que la anomalía climática se fortalezca durante este segundo semestre y un 63 por ciento de que alcance una intensidad muy fuerte con efectos devastadores que se extenderían hasta el primer trimestre de 2027.
Vulnerabilidad hídrica estructural
Las regiones Andina, Caribe y Pacífica sufrirán una drástica caída en las precipitaciones que pone en jaque el suministro de agua potable, la generación de energía, la producción agrícola y la salud pública. El primer mandatario fue enfático al advertir que el país enfrentará una megasequía hacia diciembre de 2026 y marzo de 2027, una situación de tal magnitud que muy probablemente nunca se haya observado en la historia de Colombia.
El panorama actual ya evidencia una grave crisis subyacente. Un total de 558 municipios presentan un riesgo elevado de desabastecimiento de agua potable y 111 de ellos se encuentran en condiciones críticas. La brecha de desigualdad agrava la emergencia ya que en las áreas rurales la cobertura de acueducto apenas alcanza el 46 por ciento frente a un 83 por ciento consolidado en las zonas urbanas.
Estrategia institucional de contingencia
Para hacer frente a esta amenaza la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estructuró un plan de acción basado en cinco líneas estratégicas. Estas contemplan garantizar el abastecimiento y uso eficiente del agua, fortalecer la seguridad alimentaria, impulsar la transición energética con soluciones fotovoltaicas en hogares vulnerables, reforzar la atención en salud pública y multiplicar los esfuerzos para prevenir incendios forestales. Cada iniciativa contará con requerimientos presupuestales y responsables definidos para asegurar una respuesta estatal coordinada.
Despliegue operativo y viabilidad financiera
En el frente operativo el Gobierno confirmó una inversión de 149.836 millones de pesos para adquirir dos helicópteros Firehawk destinados a la Fuerza Aeroespacial Colombiana con el fin de controlar conflagraciones de alta complejidad. A este esfuerzo se suma la conformación de nuevos cuerpos de bomberos especializados con recursos por 2.895 millones de pesos que complementarán a las unidades de bomberos étnicos, campesinos y forestales ya existentes a lo largo del territorio.
La estrategia integral también incluye partidas por 24.286 millones de pesos para mejorar la capacidad de respuesta en ocho departamentos priorizados y 9.460 millones de pesos adicionales para acciones de reducción del riesgo en la región de la Amazonía. Paralelamente se avanza en la implementación de decenas de Sistemas de Alerta Temprana enfocados en la anticipación y prevención de desastres ambientales.
La declaratoria de desastre habilita al Ministerio de Hacienda para ejecutar traslados presupuestales ágiles y crea una subcuenta temporal exclusiva para el fenómeno de El Niño que será administrada por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Esta herramienta financiera permitirá canalizar aportes del Presupuesto General de la Nación, donaciones internacionales y recursos de entidades territoriales bajo un régimen especial diseñado para eliminar barreras burocráticas y proteger de forma inmediata la vida y los ecosistemas colombianos.
