Un caso emblemático en la lucha contra la impunidad periodística en Colombia. Una década después no se conocen ni la identidad de los determinadores ni la causa exacta del crimen
El 10 de septiembre de 2015, el municipio de Pitalito, en el departamento de Huila, Colombia, fue escenario de un crimen atroz que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. Alrededor del mediodía, la periodista 10 años del asesinato de Flor Alba Núñez Vargas fue asesinada a sangre fría. Un sicario se aproximó a la entrada de la sede de la emisora La Preferida Estéreo y le disparó mientras ella se disponía a abrir la puerta. La frialdad del ataque quedó registrada en las cámaras de seguridad, una evidencia visual que se convertiría en un pilar fundamental para el posterior proceso judicial.
Flor Alba Núñez Vargas, de 31 años en el momento de su muerte, era una figura prominente en el periodismo local. Como directora de la emisora de radio La Preferida Estéreo y presentadora de su programa diario “Red Noticias”, su voz era un referente en la comunidad. Su labor no se limitaba a la radio, ya que también se desempeñaba como corresponsal para cadenas televisivas como Canal 6, TV5 y Nación TV. Era conocida por su valentía al cubrir temas sensibles y de alto riesgo, como el crimen organizado, las denuncias de corrupción y el orden público en su región. Su asesinato silenció a una de las voces líderes en su municipio que denunciaba el asedio de las bandas criminales a la población.
El asesinato de Núñez Vargas no fue un evento aislado, sino que se enmarcó en un contexto de violencia recurrente contra la prensa en Colombia. En 2015, fue la tercera periodista asesinada en el país, un hecho que puso de manifiesto el peligro inherente a la profesión. Según datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Defensoría del Pueblo, en los primeros ocho meses de ese mismo año, 107 periodistas habían solicitado medidas de protección ante amenazas, de las cuales 64 fueron valoradas con riesgo extraordinario. La reacción al crimen fue inmediata y contundente, con la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenando el asesinato y la Defensoría del Pueblo de Colombia expresando su consternación y su confianza en el rápido esclarecimiento de los hechos. El Ministerio de Defensa de Colombia ofreció una recompensa de 100 millones de pesos, una acción que buscaba incentivar la colaboración ciudadana en un caso de alta prioridad.
La captura de los autores materiales
Las grabaciones de las cámaras de seguridad jugaron un papel decisivo en la investigación. La nitidez de las imágenes permitió a las autoridades identificar a los dos autores materiales del crimen y a la motocicleta en la que huyeron. La Defensoría del Pueblo expresó desde el primer momento su esperanza en que el video, junto con la recompensa ofrecida, facilitaría el esclarecimiento del caso. Esta confianza se vio recompensada en un tiempo notablemente corto.
Apenas 16 días después del asesinato, el 26 de septiembre de 2015, la Policía Nacional capturó en Palmitos, Sucre, al autor de los disparos, identificado como Juan Camilo Ortiz, conocido por el alias “El Loco”. Las investigaciones revelaron que Ortiz era una figura con un historial delictivo previo, incluyendo una acusación por intento de asesinato y una pena de prisión que ya había cumplido por posesión ilegal de armas de fuego. La evidencia técnica y los testimonios recabados por la Fiscalía General de la Nación vincularon directamente a Ortiz con el homicidio.
Paralelamente, las autoridades identificaron al segundo autor material, el conductor de la motocicleta utilizada en la huida. Este individuo fue señalado como Jaumeth Albeiro Flórez, alias “Chory”, quien además era un vecino de la emisora donde trabajaba la periodista. En un inicio, algunos reportes, incluyendo los de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en 2017, indicaban que Flórez se encontraba prófugo de la justicia, lo que mantenía el caso como una “victoria parcial” en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la persistencia en las investigaciones de las autoridades judiciales arrojó un resultado definitivo. Un comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, años después, confirmó la captura y condena de Flórez, demostrando que el ciclo judicial para los autores materiales del crimen se había completado.
Judicialización y condena
La judicialización de los dos autores materiales culminó con condenas ejemplares que marcaron un hito en la persecución de crímenes contra periodistas en Colombia.
El 11 de agosto de 2017, el Juez Tercero Penal Especializado de la ciudad de Neiva halló culpable a Juan Camilo Ortiz, alias “El Loco”, de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El juzgado valoró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista, así como el hecho de que el crimen fue una consecuencia directa de su actividad profesional. La pena impuesta a Ortiz fue de 47 años y 6 meses de prisión. Esta fue una de las penas más altas en casos de violencia contra la prensa, un resultado que la FLIP reconoció como un avance significativo en la lucha contra la impunidad.
Por su parte, el proceso judicial contra Jaumeth Albeiro Flórez, alias “Chory”, también culminó con una sentencia de prisión. La Fiscalía General de la Nación logró probar que Flórez fue el conductor de la motocicleta en la que huyó el sicario tras el asesinato. Por este delito, el mismo juzgado especializado de Neiva le impuso una condena de 39 años de prisión. El éxito de estas dos condenas, separadas en el tiempo, evidencia la determinación de las autoridades por llevar a los autores materiales ante la justicia, en un esfuerzo que cerró el círculo de impunidad en este eslabón de la cadena criminal.
La Búsqueda Inconclusa de los Autores Intelectuales
Si bien la justicia ha logrado un éxito notable al condenar a los dos autores materiales, el caso de Flor Alba Núñez Vargas sigue pendiente en el eslabón más alto de la cadena criminal: la identificación y judicialización de los autores intelectuales. La investigación judicial ha logrado establecer una conexión directa y específica entre el trabajo periodístico de la víctima y el motivo de su asesinato, lo que descarta hipótesis más generales y apunta a una represalia calculada.
De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía y las investigaciones de la FLIP, la causa principal del crimen se basó en los cuestionamientos que Núñez Vargas había realizado públicamente. La periodista había criticado la decisión de un juez de Timaná que le otorgó detención domiciliaria a Juan Camilo Ortiz, alias “El Loco,” quien estaba acusado de atentar contra la vida de una zootecnista en noviembre de 2013. Este acto de fiscalización periodística, que expuso las falencias del sistema judicial y cuestionó la libertad de un presunto criminal, se perfila como el detonante del homicidio. El asesinato de Núñez, por lo tanto, no fue un acto genérico de violencia, sino una represalia directa y calculada contra una voz crítica que representaba una amenaza a los intereses de la red criminal.
A pesar de que el caso de los autores materiales es un logro judicial, todas las fuentes de organizaciones de prensa han insistido en que la justicia para Flor Alba no está completa. La condena de los sicarios es un paso fundamental, pero la falta de identificación y enjuiciamiento de los “determinantes” o autores intelectuales mantiene el crimen en un estado de impunidad parcial. Esta situación no es exclusiva de este caso, sino que se ha convertido en un patrón recurrente en los crímenes contra periodistas en Colombia, donde quienes ejecutan las órdenes son llevados ante la justicia, pero aquellos que tienen el poder y los recursos para ordenarlos, a menudo, permanecen en la sombra. La Fundación para la Libertad de Prensa ha exhortado a las autoridades a continuar las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen, para que la justicia no se detenga en los eslabones más bajos de la cadena criminal.
La lucha contra la impunidad
El asesinato de la periodista Flor Alba Núñez Vargas es un caso paradigmático que ilustra tanto los avances como las deudas pendientes del sistema judicial colombiano en la protección de la libertad de prensa. Por un lado, la investigación fue un éxito en la judicialización de los autores materiales, Juan Camilo Ortiz y Jaumeth Albeiro Flórez, quienes fueron capturados y condenados a penas ejemplares. La rápida identificación, gracias a la evidencia de video, y la imposición de condenas severas demuestran que, bajo la presión adecuada y con el compromiso de las instituciones, la impunidad no es una fatalidad.
Sin embargo, el éxito es una victoria parcial. La justicia completa para Flor Alba y un mensaje disuasorio contundente para quienes ordenan estos crímenes seguirán siendo una meta inalcanzada mientras los autores intelectuales permanezcan en el anonimato. La conexión directa entre su labor periodística y el motivo de su muerte subraya la extrema vulnerabilidad de los periodistas en las regiones, donde la línea entre reportar sobre el crimen y convertirse en su próxima víctima es delgada. El caso de Núñez, con su móvil claro, debe servir como un recordatorio de que la protección de la prensa local es una tarea urgente y vital para la salud de la democracia. El informe debe recalcar que la investigación de la Fiscalía en este frente sigue abierta y que la FLIP exhorta a las autoridades a continuarla, para que la justicia no se detenga en los eslabones más bajos de la cadena criminal. La persistencia en la investigación es la única vía para que el periodismo libre pueda florecer sin el miedo a represalias.
