Foto: Agencia Nacional de Tierras
Hoy, 20 de mayo, organizaciones sociales, sindicatos y campesinos se movilizan en Colombia para exigir al Congreso la aprobación urgente de la Jurisdicción Agraria y Rural. Las marchas, que tienen a Bogotá como epicentro, buscan evitar que el proyecto se archive el 20 de junio. Si la iniciativa fracasa, la reforma agraria quedaría en riesgo y el país podría revivir sus históricos conflictos por la tierra.
¿Por qué marchan los campesinos?
Este miércoles, Colombia vive una nueva jornada de protesta nacional liderada por sectores rurales. El principal reclamo es ejercer presión directa sobre los legisladores para que aceleren el debate sobre la reglamentación de una justicia rural antes del cierre del actual periodo legislativo. De no avanzar antes del 20 de junio, la iniciativa se hundiría de forma automática.
Para las comunidades, el archivo de este proyecto significaría un golpe gravísimo y un retroceso histórico frente a los compromisos de Estado para garantizar el acceso a la tierra. La movilización de hoy arranca en Bogotá a las 11:00 a. m., concentrándose frente a la Torre Colpatria para luego avanzar de forma pacífica hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia. Además de la capital, ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo también acogen multitudinarias manifestaciones.
Durante nuestra cobertura en Enredijo, y según verificaciones sobre el pulso político en el legislativo, constatamos que la tensión en el Capitolio es alta. El proyecto necesita surtir sus debates finales en plenarias, pero la constante falta de cuórum en el Senado y el escaso margen de tiempo tienen la reforma al borde del abismo.
La Jurisdicción Agraria y Rural
El núcleo de esta álgida discusión es la creación de jueces y tribunales especializados en dirimir líos históricos de tierras. Hoy en día, la ausencia de autoridades enfocadas exclusivamente en la ruralidad y la excesiva tramitomanía jurídica provocan que estos litigios duren años o incluso décadas sin solución a la vista.
Para subsanar esto, la nueva justicia asumiría de forma directa disputas territoriales como:
- Los conflictos de linderos entre vecinos de zonas rurales.
- La ocupación y debida administración de baldíos.
- Los lentos procesos de formalización de predios.
- La recuperación material de tierras que han sufrido despojo.
- Las constantes disputas entre comunidades y particulares.
- Las complejas controversias sobre el uso del suelo.
La propuesta no solo pretende respaldar al campesinado, sino dotar de verdadera seguridad jurídica a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, tal como quedó estipulado en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc.
El choque de competencias
Uno de los puntos más sensibles de todo este debate es cómo se articularán los nuevos juzgados agrarios con las facultades operativas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Organizaciones agrarias ven con temor algunas posturas jurídicas recientes, intuyendo que estas podrían limitar la capacidad de la ANT para recuperar y entregar tierras baldías. De ser así, se pondría un freno letal a la redistribución prometida.
Frente a esta alarma, la propia Corte Suprema de Justicia aclaró recientemente el panorama. Su presidente, Iván Mauricio Lenis Gómez, explicó que la entrega y adjudicación de baldíos seguirá en manos exclusivas del Estado a través de la ANT. El papel de la jurisdicción agraria será simplemente resolver controversias legales derivadas de las decisiones que tome dicha agencia, garantizando un filtro de transparencia. Aun así, desde las bases campesinas insisten en que el Congreso debe blindar firmemente las competencias de la ANT en el documento final.
Pero el malestar va más allá de un solo proyecto. En la calle también se levanta la voz por viejas frustraciones acumuladas: quejas sobre el catastro multipropósito, elevadísimos avalúos e impuestos prediales rurales, el pésimo estado de las vías terciarias y los nulos programas productivos que llegan al campo.
Contrarreloj legislativa
El eco de estas marchas ha sido potenciado por el propio presidente Gustavo Petro, quien animó públicamente a las bases populares a defender su agenda rural en las calles. El mandatario advirtió que la inoperancia para resolver disputas rurales ha sido un combustible perpetuo para la violencia regional. Incluso elevó el tono político del debate al sentenciar: “Solo el pueblo decide si retrocedemos a la Constitución de 1886”.
Mientras la retórica avanza, el reloj legislativo no perdona. Si la iniciativa fracasa antes del 20 de junio, todo el andamiaje planteado para los juzgados que arrancarían labores en 2027 quedaría sin base legal. A su vez, los avances estructurales logrados en otras normativas (como la conformación de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte) se volverían letra muerta. “Solo la movilización podrá garantizar que se preserve la reforma agraria y los derechos rurales”, afirman hoy los líderes campesinos.
El rumbo de la equidad rural en Colombia transita hoy por una cornisa muy estrecha. Las marchas de este 20 de mayo reflejan el hastío frente al abandono histórico, la ocupación irregular de la tierra y la amenaza del despojo que sigue marcando al país. Lo que antes era un denso debate jurídico, hoy es un pulso político nacional donde está en juego el futuro del campo. Desde Enredijo seguiremos de cerca tanto las voces en las calles como el tenso desenlace en el Capitolio.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La redacción se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
