Foto: CAM
Las autoridades ambientales entregaron equipos e insumos a proyectos escolares y ciudadanos. Las iniciativas, que van desde el monitoreo tecnológico hasta el control de la cacería, se financian en parte con medidas de compensación impuestas a proyectos productivos en la región.
La protección de los ecosistemas estratégicos del Huila no recae exclusivamente en las autoridades; en las zonas de amortiguación y áreas protegidas del departamento, son las comunidades educativas y organizaciones civiles quienes mantienen la primera línea de conservación.
En este contexto, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) oficializó recientemente la entrega de equipos e insumos para fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE- y los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA.
Esta dotación, que llega a distintas instituciones educativas y organizaciones comunitarias prioriza zonas vinculadas a áreas protegidas y cuencas hidrográficas que actualmente cuentan con planes de manejo ambiental, buscando descentralizar la defensa del territorio.
Carlos Andrés González Torres, director de la Territorial Sur de la CAM, indicó a este medio que la entrega busca consolidar los procesos de conservación de la biodiversidad que ya están siendo liderados desde las bases por “estudiantes, docentes y comunidades rurales”.
El frente escolar
El rastreo de los recursos entregados evidencia una diversidad en las estrategias de conservación adaptadas a las necesidades de cada municipio. En el sur del departamento, la Institución Educativa Bordones, Isnos, destinará su dotación a la transición de su proyecto original sobre abejas nativas hacia el avistamiento y protección de aves.
Por su parte, la articulación entre seguridad alimentaria y protección forestal la desarrollan en Palestina la I.E. Buenos Aires, y en Acevedo la I.E. San José de Riecitos. Ambas instituciones trabajan en el rescate de cultivos ancestrales, un esfuerzo que avanza en paralelo con la conservación del roble negro, una especie endémica y altamente vulnerable de la región. En otro frente de mitigación de impacto, la I.E. El Brasil lidera procesos de transformación de residuos sólidos.
La inclusión de tecnología para el control ambiental también forma parte del esquema. El colegio El Rosario, en San Agustín, recibió un kit tecnológico enfocado en el monitoreo del Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos Puracé, lo que permitirá un seguimiento más riguroso de la salud de este ecosistema estratégico.
Identidad cultural
Un componente destacado de esta estrategia es el fortalecimiento de la etnoeducación en la que la Institución Yachay Wasi Runa Yanakuna, sede Yakuas, de Palestina, recibió equipos para su grupo “Guardianes del Territorio”, enfocados en la protección de la avifauna desde el arraigo cultural. Una labor similar de observación y sensibilización ornitológica desarrollan los “Güipajareros del Huila” en la I.E. San Adolfo, Acevedo.
Asimismo, el centro etnoeducativo Yu’ Luucx Pishau, sede Potrerito, consolida la iniciativa ‘We’t we’t fxi’ Gxenxi’, un proyecto de memoria histórica que vincula el buen vivir comunitario con el cuidado del entorno natural.
Organizaciones civiles frente a las presiones del territorio
En el ámbito ciudadano, PROCEDA, la inversión institucional alcanzó a la Fundación Humedal La Coneca, en Pitalito, entidad que lidera el turismo de naturaleza regulado y la preservación de este ecosistema clave para la regulación hídrica del Valle de Laboyos.
Sin embargo, uno de los frentes de trabajo más críticos apoyados en esta jornada es el de la Cooperativa El Congreso en el municipio de La Plata. Esta organización comunitaria enfoca sus esfuerzos en la prevención y el control directo de la cacería ilegal y otras presiones extractivas que amenazan el Parque Natural Regional El Dorado.
Transparencia y origen de los fondos
Según precisó la Dirección Territorial Sur de la CAM, los recursos no provienen únicamente del presupuesto ordinario de la entidad, una parte significativa de los apoyos entregados corresponde a recursos derivados de medidas de compensación; es decir, obligaciones ambientales impuestas a diversos proyectos productivos y de infraestructura desarrollados en el Huila.
