Foto: MinEnergia
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), impulsa un cambio normativo de gran envergadura para recuperar y reasignar 6,3 gigavatios (GW) de capacidad en la red eléctrica nacional. La medida, actualmente en desarrollo, busca acabar con los “proyectos de papel” y garantizar que los colombianos tengan un mejor acceso al servicio de energía al priorizar iniciativas reales.
El ocaso de los “proyectos de papel”
Durante los últimos años, el sector eléctrico colombiano se vio gravemente afectado por un fenómeno especulativo que frenó la expansión de su infraestructura: la proliferación de los “proyectos de papel”. ¿En qué consisten? Estos consisten en iniciativas que aseguraban capacidad de conexión en la red, pero no avanzaron en la construcción, gestión de licencias o financiación.
La presencia masiva de estos “proyectos de papel” terminó por acaparar puntos clave en la infraestructura. Esta situación dificultó el ingreso de desarrollos energéticos con mayor grado de avance y el respaldo necesario para volverse realidad. Ante este escenario crítico, desde el Ministerio de Minas y Energía se recalcó la urgencia de “priorizar proyectos reales y no proyectos de papel que acapararon la red”, con el foco puesto en destrabar los cuellos de botella. Investigaciones y balances recientes del gremio apuntan a que estas iniciativas —muchas presentadas apenas en presentaciones preliminares— obstruyeron durante años la tan anhelada transición a energías más limpias.
6,3 GW para nuevas energías limpias
Las cifras reveladas por la autoridad de planeación demuestran el tamaño del problema. La Upme resaltó la magnitud de la recuperación: 6,3 GW de capacidad liberada en la red eléctrica, una cifra inédita en Colombia. Esta depuración masiva representa “la mayor recuperación de espacio disponible en la red eléctrica registrada en el país”.
La radiografía de esta liberación demuestra que el bloqueo afectaba de forma directa a las fuentes renovables. La recuperación y reparto de megavatios (MW) liberados se divide de la siguiente manera:
- Del total recuperado, 4.016,4 MW fueron de proyectos solares.
- Además, se liberaron 1.815,6 MW de iniciativas eólicas.
- Otros 320,95 MW liberados provenían de proyectos térmicos.
- También se liberaron montos menores de capacidad vinculados a pequeñas centrales hidroeléctricas y biomasa.
Indira Portocarrero, actual directora de la Upme, aseguró que la medida facilitará una gestión más eficiente del ingreso de nuevos proyectos y la ampliación de la infraestructura de transmisión. Según la visión del ministerio, dicha decisión ofrece un alivio para numerosos proyectos que quedaban relegados por la saturación de la red. El volumen que se está despejando equivale a aproximadamente un cuarto de la capacidad eléctrica instalada actualmente en la nación, un hito que reconfigura las proyecciones de interconexión para los próximos años.
Nueva reglamentación
La hoja de ruta para frenar definitivamente estas prácticas es un proyecto normativo, elaborado por el Ministerio de Minas y Energía y la Upme, que plantea ajustes a la Resolución 40311 de 2020. En su núcleo, con un nuevo proyecto de resolución busca liberar espacio en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y reasignar capacidad de conexión antes ocupada por iniciativas sin desarrollo real. Dentro de los cambios principales destaca la liberación de capacidad de transmisión bloqueada y su reasignación a proyectos con mayores garantías técnicas y financieras.
Para lograrlo, se plantea la consolidación de criterios claros de “viabilidad técnica” y “viabilidad financiera”. El corazón de esta agilización es la creación de una “ventanilla única” destinada a simplificar y centralizar los trámites de conexión eléctrica, lo que permite mayor transparencia y seguimiento para los desarrolladores. Esta plataforma, gestionada por la Upme, centralizará la información y permitirá verificar en tiempo real el avance de cada proceso de conexión.
Asimismo, el modelo obliga a que toda asignación de capacidad cumpla con requisitos de viabilidad operativa definidos por el Centro Nacional de Despacho (CND), responsable de la coordinación del sistema eléctrico nacional. A partir de ahora, el proceso de asignación facilitada deberá completarse en un plazo máximo de doce meses entre la solicitud inicial y la formalización de la conexión.
Flexibilidad estratégica
La modernización del marco regulatorio también prevé procedimientos especiales para proyectos prioritarios, en especial, aquellos que recurren a fuentes no convencionales de energía, sistemas de almacenamiento y desarrollos considerados estratégicos para la transición energética. Para estos casos, la Upme podrá promover esquemas de asignación facilitada donde el proceso total, desde la solicitud de conexión hasta la autorización final, no exceda un año.
Adicionalmente, se contemplan esquemas simplificados para comunidades energéticas y proyectos de menor escala, sujetos a reglas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para agilizar su incorporación a la red. El proyecto regula también la cesión de derechos de capacidad de transporte e introduce la posibilidad de conexiones temporales en caso de retrasos de nuevas obras o cuando se detecte capacidad ociosa en la red.
Para brindar confianza al sector privado, la iniciativa propone instrumentos integrados para cubrir distintos riesgos, evitando la duplicidad de exigencias y procurando no afectar la liquidez de los desarrolladores. Con esto, se establecerán condiciones precisas para modificar la “fecha de puesta en operación” mediante solicitudes dentro de un marco regulado y evita sanciones durante el análisis de estos cambios.
Expectativas y vigilancia
A pesar de los claros beneficios, el sector eléctrico colombiano evalúa con atención los detalles operativos de la propuesta y mantiene expectativas sobre la definición final de los criterios para recuperar y asignar capacidad.
No todo es certidumbre. Persisten dudas sobre la transparencia del proceso, el control de riesgos por fenómenos climáticos como El Niño y los plazos de aplicación efectiva. Por este motivo, la resolución sigue en consulta pública para recibir comentarios antes de su promulgación definitiva. De forma paralela, la Superintendencia de Industria y Comercio revisa el posible impacto en la competencia y la regulación sectorial, asegurándose de que, al apagar los proyectos de papel, no se generen desequilibrios nocivos para los usuarios.
El esfuerzo por sanear la matriz energética colombiana y eliminar la burocracia especulativa es, sin duda, un salto de madurez para el mercado nacional. El Ministerio de Minas propuso una reasignación que convertirá la saturación histórica de la infraestructura nacional en una oportunidad para nuevos desarrollos y propuestas energéticas innovadoras. Si la Upme logra implementar estas reglas con agilidad y blindar la transparencia, el país avanzará firme hacia la sostenibilidad. Como siempre, te invitamos a suscribirte a los boletines de Enredijo para mantenerte al día con el mejor periodismo de investigación y análisis de Colombia.
