Foto: Suministrada
Con el Caribe como epicentro, el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras busca articular a la justicia, el Gobierno y las comunidades para destrabar el despojo histórico. En medio de cifras récord de gestión, el debate se centra en la seguridad jurídica y el papel de la tecnología.
En un momento crítico para la política de tierras en el país, la ciudad de Barranquilla se convierte desde ayer en el centro de debate sobre la reparación integral en Colombia. El II Congreso Nacional de Restitución de Tierras ha convocado a más de 180 actores estratégicos, incluyendo magistrados de la Rama Judicial, delegados del Ministerio Público, organismos de cooperación internacional y líderes comunitarios, con una meta ambiciosa en el horizonte: garantizar el restablecimiento de derechos territoriales para el año 2031.
El evento, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), no es solo una rendición de cuentas; es un espacio de planeación técnica frente a los obstáculos que aún persisten en los territorios más golpeados por la violencia. Durante tres días, a través de 13 paneles y múltiples mesas de trabajo, se busca definir la hoja de ruta para acelerar procesos que, en décadas anteriores, avanzaron a paso lento.
Estrategias y desafíos territoriales
Los organizadores han puesto sobre la mesa temas neurálgicos que van más allá de la entrega formal de predios. Entre los desafíos destacados se encuentran las denominadas “soluciones duraderas”, que buscan que las familias retornadas cuenten con condiciones reales de sostenibilidad económica. Asimismo, el congreso enfatiza en la protección de territorios étnicos y el rol fundamental de las mujeres en el acceso a la propiedad rural, un sector históricamente relegado en las sucesiones de tierra.
“Este es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, afirmó el mayor Giovani Yule, director general de la URT
Cifras bajo la lupa: El balance del Gobierno
Uno de los puntos de mayor interés para la opinión pública y los entes de control ha sido la presentación de los hitos alcanzados bajo la actual administración. Según los datos revelados por la URT, se ha marcado un punto de inflexión en la gestión de hectáreas. La entidad sostiene que el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las demandadas en toda la vigencia de la Ley de Víctimas (Ley 1448) se han gestionado durante este periodo presidencial.
Este impulso se ha visto reflejado especialmente en la restitución étnica y la implementación del llamado “Modelo 8 de Seguridad Humana”, una estrategia diseñada para permitir que los equipos técnicos y las víctimas ingresen a zonas donde la seguridad aún es volátil, priorizando la vida y la integridad de los reclamantes.
Ejes Clave del Congreso:
- Ruta Colectiva: Fortalecimiento de la restitución para comunidades campesinas y sujetos de especial protección.
- Tecnología: Uso de herramientas digitales para agilizar la georreferenciación y reducir los tiempos procesales.
- Justicia Social: Articulación entre la institucionalidad y las voces de base para que las decisiones no se tomen solo desde los escritorios en Bogotá.
La relevancia de este congreso radica en su capacidad de transformar la retórica oficial en acciones judiciales y administrativas concretas. Mientras el país observa los avances en Barranquilla, las comunidades en las regiones de Urabá, el Catatumbo y el propio Caribe esperan que los acuerdos allí logrados se traduzcan en títulos de propiedad y paz territorial antes de que expire el plazo legal en 2031.
