Foto: Suministrada
El modelo de salud que atiende a los educadores del país entra en una fase de estricto escrutinio.
El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, emitió este 1 de mayo de 2026 una instrucción perentoria para abrir una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el Modelo de Salud del Magisterio (FOMAG). La medida busca revisar de manera exhaustiva la operación general, la calidad en la prestación de los servicios y el manejo de los recursos del sistema.
La decisión de la Supersalud se origina en atención a una solicitud directa de la Presidencia de la República para verificar posibles irregularidades operativas y financieras dentro del modelo de salud del magisterio.
¿Qué se investigará exactamente?
La orden, dirigida a la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, exige adelantar de forma prioritaria una revisión integral de la administración del sistema. Las acciones de control se concentrarán en la contratación y el mantenimiento de la red de servicios; los procesos logísticos para la entrega de medicamentos y la emisión de autorizaciones médicas; la gestión y resolución de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) de los usuarios, y las auditorías, la ejecución de pagos y el flujo real de los recursos destinados a docentes, pensionados y sus beneficiarios.
Los actores bajo la lupa institucional
La investigación abarcará a todos los eslabones de la cadena de atención en salud. Un actor central en esta revisión será Fiduprevisora S.A., dada su responsabilidad directa como administradora de los recursos del Fondo. Asimismo, la Supersalud auditará a los prestadores de servicios de salud, los operadores regionales, los gestores farmacéuticos, las firmas de interventoría y demás entidades vinculadas a la operación.
Posibles consecuencias penales y disciplinarias
El despliegue de esta actuación especial contempla la elaboración de una matriz técnica que mapeará los hallazgos y riesgos financieros o asistenciales. El objetivo es identificar irregularidades concretas y a sus responsables directos. De encontrarse méritos, la Superintendencia evaluará el traslado de los expedientes a los organismos de control competentes, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República.
Para garantizar la celeridad del proceso y la protección del derecho fundamental a la salud de los usuarios del régimen especial, el Superintendente ha exigido que se remita a la brevedad un primer reporte de avance. Este documento deberá detallar las actuaciones adelantadas, los hallazgos preliminares y los requerimientos proyectados.
